SANTO DOMINGO.– Las dificultades denunciadas por Carlos Durán en Taconazo no fueron provocadas por los sistemas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), según afirmó este domingo la institución.
Aunque no mencionó directamente al emprendedor ni identificó el negocio, la DGII respondió mediante un aviso a las situaciones «recientemente señaladas por un establecimiento comercial».
La institución aseguró que sus plataformas de facturación electrónica no han registrado interrupciones ni afectaciones. Indicó que los servicios se mantienen disponibles y operan con normalidad.
DGII asegura que los comprobantes se procesan con normalidad
El comunicado señala que la recepción, validación y procesamiento de los comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) han funcionado sin inconvenientes.
«Las situaciones recientemente señaladas por un establecimiento comercial no corresponden a fallas ni incidencias en los sistemas o la infraestructura tecnológica de la Administración Tributaria», sostuvo la DGII.
La entidad agregó que sus plataformas se mantienen estables y disponibles. Sin embargo, el aviso no explicó cuál pudo ser el origen específico de las dificultades registradas en el establecimiento.
¿Qué denunció Carlos Durán?
La respuesta surgió después de que Durán mostrara una fila de personas que no había podido ingresar a Taconazo a las 3:15 de la madrugada.
El emprendedor atribuyó la situación a retrasos relacionados con la facturación electrónica. Además, cuestionó que los negocios estén obligados a utilizar un sistema que, a su juicio, todavía presenta dificultades.
«Esto es todo por la facturación electrónica, que definitivamente nos atrasa muchísimo», manifestó Durán durante su denuncia.
El aviso de la DGII se limitó al funcionamiento de su infraestructura. No precisó si el inconveniente pudo estar relacionado con la configuración interna del establecimiento, su conexión a internet o un proveedor externo.
Plazo de incorporación vence este domingo
La reacción se produce el mismo día en que vence la prórroga otorgada a pequeños contribuyentes, microempresas y negocios no clasificados para adoptar la facturación electrónica.
La DGII había extendido durante seis meses el plazo original. Quienes no completen el proceso quedarán expuestos a las sanciones establecidas en la Ley 32-23.
