SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público concluyó con la presentación de su solicitud de prisión preventiva contra militares y civiles arrestados en la Operación Lobo por el pago de sobornos en detrimento de los fondos de instituciones públicas.
“Aquí están sobornados y sobornantes; esperamos la respuesta del sistema de Justicia”, aseguró la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la noche del lunes, al salir de la audiencia.
Mirna Ortiz agregó: “Siempre se nos ha criticado, con los casos pasados, se nos ha criticado, de que teníamos los sobornados sin los sobornantes o los sobornantes sin los sobornados. Aquí están sobornados y sobornantes; esperamos la respuesta del sistema de Justicia”.
Ortiz formó parte del equipo de fiscales que representó al Ministerio Público en la audiencia y que estuvo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del órgano acusador.
El Ministerio Público solicitó al juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la imposición de prisión preventiva para los imputados en la Operación Lobo, en virtud de la gravedad de los hechos que cometieron, así como la declaratoria del caso como complejo.
La Operación Lobo fue puesta en marcha esta semana como parte de las acciones del Ministerio Público contra la corrupción y la impunidad. La investigación enfrenta una red integrada por militares y civiles que utilizaban esquemas de sobornos para acceder y mantener contratos con instituciones públicas, principalmente en el área de seguridad privada.
Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
La estructura criminal impactó negativamente instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano. También se le imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa.
En lo relativo al lavado de activos, se les acusa en base a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8; y artículo 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
