Santo Domingo – El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, denunció una serie de prácticas que, a su juicio, constituyen abusos dentro del sistema de persecución penal dominicano. En un extenso texto titulado «Cuando la justicia deja de perseguir delitos y comienza a perseguir personas», el jurista compartió su experiencia como funcionario y como imputado para plantear la necesidad de un debate sobre los límites del poder.
Dos perspectivas del sistema
Rodríguez recordó que vivió el sistema de justicia desde dos frentes distintos. Durante cuatro años ejerció como procurador general y, tras el cese de esas funciones, ha vivido casi seis años sometido a un proceso penal.
Esa doble vivencia, según indicó, le enseñó el valor real de las garantías procesales y la responsabilidad que implica ejercer el poder del Estado.
Una propuesta que dice haber rechazado
El exfuncionario relató una experiencia que, según explicó, marcó su paso por la Procuraduría. Aseguró que un representante de la sociedad civil le propuso utilizar un proceso penal para perseguir familiares, empresas y hasta la central Punta Catalina como mecanismo de presión política local.
«Me negué. No porque fuera una decisión políticamente conveniente, sino porque siempre estuve convencido de que la responsabilidad penal es individual y de que para construir no hay que destruir», escribió.
Su posición sobre las garantías procesales
Rodríguez sostiene que las garantías procesales no protegen a los culpables, sino que limitan el enorme poder del Estado.
«Quien roba recursos públicos debe responder ante la justicia. No existe discusión sobre eso. Pero precisamente porque la corrupción es uno de los delitos que más daño hace a una sociedad, su persecución debe realizarse respetando rigurosamente las reglas del Estado de derecho», indicó.
Añadió que «investigar no puede convertirse en sinónimo de castigar, mucho menos de destruir».
Los abusos que enumera
El abogado detalló varias prácticas que, a su juicio, nunca deberían existir en un proceso penal. Entre esas figuran las filtraciones manipuladas para generar juicios paralelos, las presiones a jueces, los intentos de forzar el cambio de abogados y las intimidaciones a testigos, peritos, médicos y periodistas.
También denunció el uso del proceso penal para afectar el patrimonio, la profesión y las relaciones familiares del imputado antes de que exista una sentencia. Rechazó la intimidación a clientes, a entidades financieras y la suspensión de visados como herramienta de presión.
Cuestionó igualmente la limitación en el tiempo de visitas a los recintos penitenciarios y las prácticas destinadas a generar aislamiento familiar, como forzar separaciones matrimoniales.
Prisión preventiva como pena anticipada
Rodríguez fue crítico con el uso de la prisión preventiva. Aseguró que esta figura fue creada para asegurar la presencia del imputado, no para castigar de forma anticipada.
Denunció también que durante ese período no deberían limitarse las visitas de los abogados, impedir la toma de luz solar o restringir el ingreso de medicamentos y asistencia médica oportuna.
«Nunca debería permitirse que un ciudadano permanezca privado de libertad 4 años, sustentado en un supuesto peligro de fuga y un inexistente enriquecimiento ilícito que el tiempo y peritos judiciales terminen desmintiendo, como ha ocurrido en mi caso», expresó.
Denuncia sobre el plazo del proceso
El exprocurador denunció que ningún proceso penal debería superar el plazo máximo de cuatro años establecido por ley. En su caso, dijo haber vivido más de seis años bajo un proceso que ha excedido ampliamente ese límite.
«Cuando el propio legislador fija un plazo máximo para un proceso, lo hace porque entiende que el tiempo también puede convertirse en una pena», planteó.
Los datos que citó
Rodríguez incluyó cifras oficiales para reforzar su planteamiento. Entre 2014 y 2025, los tribunales dominicanos acogieron 22,645 solicitudes de extinción de la acción penal, frente a apenas 2,769 rechazadas o declaradas inadmisibles.
Para él, estos datos demuestran que la extinción de la acción penal es una garantía procesal aplicada de forma ordinaria y no un privilegio.
Su mensaje sobre el Ministerio Público
El exprocurador también dejó una reflexión sobre lo que, a su juicio, define a un buen órgano persecutor.
«La fortaleza de un Ministerio Público no se mide por la cantidad de personas que acusa, ni por el número de titulares que genera, ni por los miles de páginas y pruebas de una acusación, y ni siquiera por la cantidad de condenas que obtiene», expresó.
Añadió que su verdadera fortaleza reside en investigar con objetividad, respetar el debido proceso y aceptar las decisiones de los tribunales aun cuando no le favorezcan.
La reflexión final
Rodríguez cerró su texto con una reflexión sobre el papel de la Constitución y las garantías procesales en una democracia.
«La Constitución no fue escrita para los tiempos fáciles. Fue escrita precisamente para los momentos en que el poder se siente tentado a olvidar sus propios límites», afirmó.
También dejó una idea sobre la verdadera prueba de una democracia.
«El verdadero examen de una democracia nunca ocurre cuando protege a quien todos aprueban, sino cuando es capaz de respetar los derechos de quien muchos preferirían no proteger», expresó.
