Santo Domingo. – El abogado Eduardo Núñez aseguró que la extinción de la acción penal en el proceso seguido contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, sería una consecuencia jurídica inevitable debido al tiempo transcurrido desde el inicio del expediente.
Durante una entrevista en el programa “Hoy Mismo”, transmitido por Color Visión, el jurista sostuvo que el caso ya supera ampliamente el plazo máximo contemplado en la normativa procesal penal.
“Del 2020 al 2026 hay seis años”
Núñez recordó que las investigaciones relacionadas con el caso comenzaron en el año 2020 y cuestionó la duración del proceso judicial.
“Recuerde usted cuándo fue la primera vez que usted hizo un comentario de estos casos. Yo se lo voy a decir. Fue en el año 2020. Del 2020 al 2026 hay 6 años”, expresó.
Según afirmó, durante ese tiempo Donald Guerrero mantuvo una conducta de colaboración con las autoridades.
Defensa rechaza retrasos del proceso
El abogado negó que la defensa haya utilizado maniobras para retrasar el expediente y aseguró que tanto el Ministerio Público como los tribunales certificaron el comportamiento procesal del exfuncionario.
“En 6 años de proceso, tanto el Ministerio Público como todos los tribunales certificaron su buena conducta procesal”, sostuvo.
También indicó que el Ministerio Público autorizó en varias ocasiones permisos de salida del país para Guerrero, lo que, según dijo, demuestra que nunca fue considerado un peligro de fuga.
Cuestiona acusaciones sobre RD$21 mil millones
Eduardo Núñez también criticó las acusaciones relacionadas con un supuesto fraude de RD$21 mil millones atribuido al exministro.
“A Donald se le acusó de un fraude de 21,000 millones de pesos, que a la fecha de hoy esta administración certifica que los tiene el Banco de Reservas”, afirmó.
El jurista consideró que esas imputaciones fueron utilizadas para construir una narrativa pública contra su defendido antes de existir una decisión judicial definitiva.
Habla de posibles acciones contra el Estado
Núñez denunció además supuestas limitaciones para acceder a pruebas del expediente durante gran parte de la investigación.
Según dijo, las defensas enfrentaron desventajas procesales y vulneraciones al debido proceso mientras se mantenían medidas restrictivas y señalamientos públicos.
El abogado advirtió que, si se declara extinguida la acción penal, podrían producirse futuras reclamaciones contra el Estado por daños y perjuicios derivados del proceso.
