Santiago. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá este miércoles 22 de abril, en horas de la mañana, la solicitud de medida de coerción contra siete motoristas señalados por la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada.
El caso ha tomado fuerza por la gravedad de los hechos y por la línea que sigue el Ministerio Público, que pidió prisión preventiva contra los imputados. Según la acusación preliminar, los hombres persiguieron, interceptaron y atacaron al conductor hasta causarle la muerte.
Ministerio Público pide prisión preventiva
La solicitud fue presentada contra Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
De acuerdo con la instancia, los imputados habrían actuado en grupo para perseguir a Abreu Quezada, conductor de un camión recolector de desechos, hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima buscó protección.
El hombre murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña, según el expediente.
Fiscalía sostiene que hubo persecución y plan criminal
La Fiscalía de Santiago plantea que los acusados actuaron como una turba para acorralar a la víctima. Según la investigación, todo comenzó mientras Abreu Quezada conducía un camión recolector por la Circunvalación Sur, en el sector ensanche Bermúdez.
El expediente indica que uno de los motoconchistas, que figura como prófugo, lo interceptó junto a otros motoristas por un presunto roce vehicular. Sin embargo, la víctima no se detuvo al notar, según la acusación, la actitud violenta del grupo.
La investigación preliminar señala que uno de los motoristas colocó su motocicleta frente al camión para obligarlo a detenerse. Aun así, el conductor siguió la marcha y arrastró la moto. Luego, fue perseguido por varios kilómetros hasta llegar al Palacio de Justicia.
Yeni Berenice ordenó presentar cargos por asesinato
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a los fiscales para presentar cargos preliminares por asesinato contra los implicados.
La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, defendió la solicitud de prisión preventiva al hablar con periodistas.
“Evidentemente que debe ser la prisión preventiva, porque la acción, la conducta típica y el desenlace mortal que tuvo esa actitud de esos ciudadanos, enmarca en una persecución, en prepararse para ir a hacer daño y matar y eso es asesinato”, indicó.
Fiscalía dice que tiene pruebas videográficas y arma blanca
El Ministerio Público asegura que ha reunido pruebas materiales, documentales y testimoniales para sostener la acusación en esta etapa del proceso.
Las fiscales Joanna García Rivas y Luisa García, asignadas al caso, han trabajado en el levantamiento de evidencias que, según la institución, permitirán demostrar cómo ocurrió el crimen y qué papel tuvo cada imputado.
Entre las pruebas figuran videos en los que, de acuerdo con la Fiscalía, se escucha a miembros del grupo vociferar “mátalo, mátalo”, lo que sería una muestra de intención criminal.
Además, el órgano acusador dice tener en su poder un cuchillo de caza color negro, que habría sido usado por uno de los imputados para causar una herida mortal en la pierna derecha de la víctima.
No hay evidencias de motoristas heridos, según la acusación
Otro punto que resalta la Fiscalía en su solicitud de coerción es que no posee evidencias que indiquen que alguno de los motoristas resultara herido durante el hecho.
Ese elemento busca reforzar la teoría de que la agresión se produjo en un contexto de persecución y violencia colectiva contra la víctima, y no como resultado de una confrontación equilibrada entre las partes.
Cargos provisionales por asociación y asesinato
Como calificación jurídica provisional, el Ministerio Público presentó cargos por violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano.
Según la acusación, los siete imputados se asociaron para cometer el hecho y actuaron como una turba criminal. Ahora será el tribunal el que evalúe la solicitud de coerción y decida si impone prisión preventiva mientras avanza el proceso.
La audiencia de este miércoles será clave para un caso que ha provocado indignación y presión pública en Santiago.
