Santo Domingo. – Nuevas denuncias vuelven a colocar bajo el escrutinio público a un alto líder evangélico nacional. Se trata del pastor Juan Tiburcio Pérez, Obispo Nacional del Concilio Iglesia de Dios en República Dominicana, quien, según información obtenida y documentos consultados, figura como empleado del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), donde cobra un salario sin desarrollar ningún trabajo que hayamos podido confirmar.
De acuerdo con la documentación revisada, el señor Juan Tiburcio Pérez aparece en la nómina del INDRHI correspondiente al mes de mayo de 2026 y data de varios años, con el cargo de Supervisor de Mantenimiento en el municipio de Nagua.
Juan Tiburcio Pérez fue electo Obispo Nacional del Concilio Iglesia de Dios en el año 2022, posición que representa la máxima autoridad de esa denominación en la República Dominicana. El cargo implica la supervisión pastoral y administrativa de más de mil congregaciones y sus respectivos ministros en todo el territorio nacional, responsabilidades que, por su naturaleza, demandan una dedicación permanente.
Es importante precisar que esta denuncia no cuestiona el derecho del señor Juan Tiburcio Pérez a desempeñar un cargo en la administración pública, derecho que le asiste como ciudadano dominicano. Lo que se pone en cuestionamiento es el cobro de un salario en una institución del Estado, sin realizar una labor que justifique esos ingresos, peor aun, tratándose de un pastor de pastores, como lo es el Obispo de un Concilio.
Asimismo, las informaciones obtenidas indican que esta situación no sería reciente. Según los datos disponibles, el pastor Juan Tiburcio Pérez también habría figurado anteriormente en la nómina del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, donde presuntamente habría mantenido condiciones similares.
El Concilio Iglesia de Dios constituye una de las principales organizaciones cristianas evangélicas del país, con presencia en más de mil iglesias y una reconocida labor espiritual y social. Precisamente por la relevancia de esta institución, cualquier cuestionamiento relacionado con la conducta de su principal representante, genera preocupación entre miembros de la comunidad evangélica y la sociedad en general.
Ante estas informaciones, diversos sectores consideran necesario que tanto el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) como los organismos de control del Estado verifiquen el cumplimiento de las funciones correspondientes al cargo que figura en la nómina oficial y determinen si existe alguna irregularidad administrativa.
La transparencia, la rendición de cuentas y el ejemplo ético constituyen principios fundamentales para quienes ejercen funciones públicas y para quienes ocupan posiciones de liderazgo religioso, por lo que este caso merece el debido esclarecimiento por parte de las instituciones competentes y el ejercicio del derecho de respuesta de las personas involucradas.
