El nuevo caso que destapa el Ministerio Público añade otro allegado más del expresidente Danilo Medina a la extensa lista que llevan desde noviembre de 2020.
Varios de sus funcionarios hasta dos de sus hermanos se encuentran en prisión preventiva, señalados por los fiscales de participar presuntamente en diversos casos de corrupción.
Otro de los hombres de mayor confianza del exmandatario tendrá que comparar ante la justicia tras verse involucrado en esta nueva investigación de corrupción administrativa que se desprende de la Operación Coral y por la que anoche se realizaron al menos 49 allanamientos en el Distrito Nacional, Santiago y La Vega.
Se trata del general de brigada Julio Camilo de los Santos Viola quien, luego de Adán Cáceres, era el segundo uniformado más cercano al exmandatario.
Una vez Cáceres fue apresado a finales del pasado mes de abril por su supuesta participación de un entramado corrupto militar-religioso dedicado al robo del erario público, De los Santos Viola, quien se desempeñaba como subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial de Medina, pasó a comandar el equipo de protección del dos veces presidente.
Aunque pocos meses después le ha llegado el turno a De los Santos de ser arrestado por las indagaciones que está realizando la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), mientras el mayor general Cáceres Silvestre, principal acusado del Caso Coral, continúa en Najayo desde su ingreso el 12 de mayo, cumpliendo una medida de coerción de 18 meses.
Este nuevo operativo se suma a los seis casos anticorrupción que, durante la gestión de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, han resultado en el arresto de los dos encargados de seguridad de Medina, en apenas un año y tres meses.
Cáceres Silvestre, según un antiguo comunicado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) trabajó en los gobiernos de Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y como Jefe de Seguridad del Cuerpo Presidencial de Danilo Medina.
El hermético oficial pasó desapercibido ante la vista de la ciudadanía desde su colocación como escolta de Medina en septiembre de 2004, pero en ningún evento o reunión dejó el lado o la espalda del actual presidente del PLD sin resguardo durante su gestión 2012-2020. Tampoco lo hizo De los Santos en las más recientes apariciones públicas del expresidente, así lo atestiguan varias fotografías de archivos periodísticos.
El militar apresado en las últimas horas forma parte de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y asumió el rango que ostenta en marzo de 2015, cuando mediante el decreto 79-15, fue ascendido por el entonces presidente Medina.
De los Santos Viola estuvo además entre el staff que se preparó para capacitar a la primera promoción de policías en seguridad aeroportuaria, del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC).
Coral 5G
Luego de al menos 49 allanamientos, la Procuraduría General de la República ataca nueva vez los presuntos entramados de corrupción que se forman entre altos mandos militares, apresando este jueves, además de Viola, a dos generales y otros miembros activos de cuerpos castrenses.
La lista la continúan el general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
Además, el operativo alcanzó al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.
Cáceres y la Operación Coral
Acusados de corrupción administrativa, estafa y desfalco al Estado en el Caso Coral, además de Cáceres, están la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza, y el sargento Alejandro José Montero Cruz.
El sexto acusado, Alejandro Girón, quien aceptó las imputaciones y está cooperando con el Ministerio Público, le fue dictado arresto domiciliario.
Según la Pepca, una de las estrategias utilizadas por el presunto entramado contaba de dos pasos. Primero, se nombraban de forma irregular a cientos de policías y militares en las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), cobrando entre 20,000 y 70,000 pesos mensuales.
Luegos, la red recibía un porcentaje de esos montos a cambio de bajas dádivas. Las autoridades también señalaron que en ese proceso se solían desviar sumas millonarias provenientes de los viáticos, compra de combustibles y raciones alimenticias.
