El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) intimidó a funcionarios y trabajadores electorales de varios estados para que cambiaran el resultado de los comicios de 2020, en los que ganó el demócrata Joe Biden, según el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio.
Varios responsables estatales testificaron este martes ante el comité, y aseguraron que recibieron amenazas de muerte por parte de simpatizantes de Trump, quien los señaló públicamente por no querer alterar los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.
Uno de los testigos fue el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, a quien Trump exigió que encontrara los votos suficientes para revocar el resultado de los comicios en ese estado, al alegar sin pruebas que los demócratas habían cometido fraude.
Raffensperger afirmó que su equipo investigó “todas las alegaciones” de fraude electoral efectuadas por Trump y que llegaron a la conclusión de que no se había producido ningún delito.
A preguntas del legislador demócrata Adam Schiff sobre si se habían investigado las afirmaciones de Trump de que en Georgia hubo 5.000 votos de personas que habían muerto, Raffensperger respondió que “en realidad en sus denuncias alegaban 10.315 muertos”.
“Nosotros hallamos dos fallecidos cuando escribí mi carta al Congreso, con fecha del 6 de enero -rememoró-, y acto seguido encontramos dos más, eso son uno, dos, tres, cuatro personas, no 4.000, solo un total de 4, no son ni 5.000, ni 10.000”.
Raffensperger agregó que los números “no mienten” y que revisaron todos los datos electorales tras las alegaciones de Trump y su entonces abogado personal, Rudy Giuliani, de que en las elecciones de 2020 votaron unos 66.000 votantes menores de edad.
“Encontramos que hubo cero” electores menores de edad, apuntó el secretario de Estado de Georgia.
Por no seguir los dictados de Trump y de Giuliani, Raffensperger se convirtió en blanco de la ira del entonces mandatario, quien insinuó que el responsable estatal podría tener una responsabilidad penal por rechazar sus acusaciones, sin pruebas, de fraude electoral.
El secretario de Estado georgiano detalló que su esposa recibió amenazas sexuales y que su propio número de móvil y dirección de correo electrónico fueron publicados en internet, lo que dio lugar a que él también recibiera amenazas.
Por su parte, Gabriel Sterling, el encargado de implementar el sistema de votación en las elecciones de 2020 en Georgia, explicó cómo los trabajadores electorales fueron amenazados tras esos comicios.
Sterling dijo ante el comité que se enfadó mucho cuando descubrió que una contratista que trabajaba para Dominion Systems, la empresa fabricante de las máquinas de conteo de sufragios, estuvo recibiendo amenazas de muerte por parte de seguidores de QAnon, un movimiento conspiratorio.
El testigo recordó una llamada que recibió de la jefa de proyectos de Dominion Systems, que le dijo que uno de sus trabajadores electorales fue amenazado en un vídeo publicado por simpatizantes de QAnon.
Tras la llamada, Sterling indicó que buscó en Twitter y encontró el nombre del contratista, al que se acusaba de haber cometido traición: “Esto fue la gota que colmó el vaso”, indicó Sterling, quien dio una rueda de prensa en diciembre, un mes después de las elecciones, donde advirtió de que las acusaciones de Trump podrían acabar en violencia.
En la audiencia de este martes también compareció otra víctima de las acusaciones de Trump, Shaye Moss, una trabajadora electoral de Georgia que narró ante el comité la campaña de hostigación que afrontó después de convertirse en objetivo de Trump y sus aliados.
Moss y su madre, Ruby Freeman, también empleada electoral, fueron acusadas por el mandatario, que no aportó pruebas, de haber manipulado papeletas de votación falsas a favor de Biden durante la noche electoral.
En consecuencia, ambas mujeres recibieron amenazas de muerte y racistas a través de Facebook.
“Muchas amenazas deseándome la muerte, diciéndome, saben, que acabaría en la cárcel con mi madre y diciendo cosas como ‘estate contenta de que es 2020 y no 1920”, rememoró Moss.
En la sesión se proyectó un vídeo con el testimonio grabado de Freeman, donde dijo que había perdido su reputación por culpa de las acusaciones sin base de Trump, y que había tenido que mudarse de casa tras los comicios después de que el FBI le apuntara que allí no estaría segura hasta por lo menos la investidura de Biden en enero de 2021.
Aun así, Freeman apuntó que a día de hoy no se siente segura en ningún lado.
