La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Remero, notificó hoy al Ministerio Público la resolución que dispone el envió al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo- Hombres de cinco de los seis implicados en el caso Coral.
La notificación a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección de Persecución, fue realizada por la secretaria del tribunal un día después de que el tribunal dictará 18 meses de prisión preventiva en contra de los imputados y arresto domiciliario contra de Alejandro Girón Jiménez, este último testigo clave de la acusación.
La notificación igualmente fue entregada a la directora del nuevo Modelo Penitenciario, Hilda Patricia Lagombra y a los alcaldes de Najayo Hombre y Mujer, donde serán trasladados los encartados en el sonado caso Coral.
Mientras que continúan detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y al sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz, a la espera de su traslado.
Se espera que de seis a siete de la noche los imputados sean trasladados bajo medida de seguridad por agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) a la cárcel de Najayo, informó una fuente de entero crédito al Listín Diario.
Mientras que se informó que el mayor Alejandro Girón Jiménez no se encuentra detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y que desde el lunes que se dictó la medida de coerción fue sacado bajo estricta medida de seguridad.
Se recuerda que el tribunal ordenó el arresto domiciliario de Girón Jiménez, a una dirección confidencial que el Ministerio Público suministrará al tribunal, para resguardar su seguridad, por ser testigo principal de la acusación y colaborador del ente acusador.
Asimismo, el tribunal decidió declarar complejo el caso y apoderó al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, como tribunal control, dejando fijado para el próximo 10 de agosto la revisión obligatoria de la medida de coerción en contra de los encartados.
