Santo Domingo. – Los directivos del Banco de Reservas que participan en la administración y gestión de la entidad tienen la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio. Así lo ratificó el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia TC/0855/26.
La alta corte determinó que este requerimiento se ajusta a la Constitución. La medida alcanza a los funcionarios que ocupan posiciones de dirección o administran recursos y bienes pertenecientes al Estado.
El fallo responde a una acción directa de inconstitucionalidad presentada contra varias disposiciones de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
Tras examinar el recurso, el tribunal rechazó los argumentos de fondo. En consecuencia, mantuvo vigentes los numerales 13, 20, 21 y 33 del artículo 2, así como el artículo 21 de la legislación.
Alcance de la obligación en Banreservas
Al abordar la situación de Banreservas, el Tribunal Constitucional tomó en cuenta el origen estatal de su capital. También evaluó las responsabilidades que desempeñan sus funcionarios dentro de la institución.
Según el criterio establecido, las personas que intervienen en la dirección, administración y gestión del banco deben cumplir con la declaración patrimonial. Las funciones que ejercen las colocan bajo una obligación reforzada de transparencia.
La decisión también delimita las competencias de las instituciones involucradas. El Tribunal Constitucional aclaró que la fiscalización de la Cámara de Cuentas no interfiere con las facultades de los organismos reguladores del sistema financiero.
La Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos mantienen sus responsabilidades de regulación y supervisión financiera. En cambio, la Cámara de Cuentas examina el patrimonio personal de los funcionarios y verifica el origen de sus bienes.
Esta labor responde a las facultades que la Ley 311-14 concede al órgano fiscalizador.
Cámara de Cuentas destaca alcance del fallo
La Cámara de Cuentas consideró que la sentencia respalda sus atribuciones y fortalece la seguridad jurídica. También afirmó que la decisión reafirma el valor de la declaración jurada como herramienta contra la corrupción.
La institución, presidida por Emma Polanco Melo, mantiene bajo seguimiento a los servidores públicos que deben cumplir con ese requisito.
Además, publica cada dos meses la lista de funcionarios que todavía no han entregado su declaración. La ciudadanía puede consultar esa información mediante el portal Ojo Ciudadano.
Con estas acciones, el organismo busca facilitar el control social y promover la rendición de cuentas dentro de la administración pública.
La Cámara de Cuentas aseguró que continuará sus labores de fiscalización con independencia y rigor técnico. Asimismo, reiteró que actuará conforme a las facultades que establecen la Constitución y las leyes.
