La Altagracia.— El expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), afirmó que proyectos inmobiliarios y turísticos valorados en US$20,000 millones permanecen paralizados por retrasos en la entrega de permisos.
Fernández aseguró que algunos desarrollos previstos para Punta Cana llevan hasta cinco años esperando respuestas de instituciones públicas.
El dirigente opositor ofreció las declaraciones durante un encuentro con empresarios y representantes de los sectores productivos de la provincia La Altagracia.
“Eso es una infamia. A la gente se le dice sí o no, pero no se espera cinco años para eso”, expresó.
La cifra de US$20,000 millones corresponde a la estimación presentada por Fernández durante el encuentro.
Propone plazo límite para responder solicitudes
Fernández propuso establecer mediante una normativa un período obligatorio para que las instituciones decidan si aprueban o rechazan los permisos.
El plazo podría ser de cuatro meses, cinco meses o hasta un año, dependiendo del tipo y la complejidad del proyecto.
La propuesta abarcaría a entidades como los ministerios de Turismo y Medio Ambiente, responsables de evaluar diferentes componentes de los desarrollos inmobiliarios y turísticos.
“Si no ha habido una respuesta concreta por parte de la autoridad pública, entonces el silencio equivale a autorización”, planteó.
Este mecanismo se conoce como silencio administrativo positivo. Su aplicación permitiría considerar aprobado un trámite cuando la institución responsable no responda dentro del tiempo establecido.
Las controversias derivadas de ese procedimiento serían conocidas por el Tribunal Superior Administrativo, según la propuesta del exmandatario.
Pide mantener evaluaciones ambientales
Fernández aclaró que la agilización de los permisos no debe eliminar los estudios ambientales ni las medidas de protección territorial.
Consideró necesario delimitar las zonas disponibles para nuevas inversiones y preservar las áreas protegidas y los terrenos destinados a la agricultura y la ganadería.
También cuestionó que los inversionistas permanezcan durante años sin conocer si sus proyectos serán autorizados.
“Demuestra una de dos cosas: ineptitud, ineficacia o corrupción”, afirmó al referirse a los retrasos administrativos.
El expresidente sostuvo que estas demoras afectan la inversión, la generación de empleos y el desempeño del sector construcción.
Empresarios exponen dificultades en La Altagracia
Representantes empresariales de La Altagracia plantearon problemas relacionados con la permisología, la infraestructura, la seguridad ciudadana y el acceso a servicios básicos.
Jorge Ipas, representante de la Alianza Empresarial Turística de La Altagracia y desarrollador inmobiliario, pidió agilizar las evaluaciones de nuevos proyectos.
El empresario Daniel Rodríguez Álvarez señaló deficiencias en los sistemas de alcantarillado y agua potable frente al crecimiento urbano y turístico de la provincia.
Otros participantes abordaron las dificultades de los productores para competir y la necesidad de que el crecimiento económico genere mayores oportunidades para los residentes.
Cuestiona endeudamiento y gasto público
Fernández también criticó la distribución del gasto estatal y el nivel de endeudamiento público.
“De cada 100 pesos, gastar 90 en gasto corriente y solamente 10 en gasto de capital no es saber conducir un país”, manifestó.
Asimismo, cuestionó las políticas de importación que, a su juicio, reducen la capacidad de los productores dominicanos para competir en el mercado.
El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones establece actualmente plazos de hasta 60 días laborables para proyectos no complejos y 120 para los complejos con expedientes completos.
La institución anunció en septiembre que trabaja para reducir a 30 días el tiempo de respuesta de las solicitudes que cumplan los requisitos técnicos.
