Todas las audiencias fijadas para esta semana en Operación Medusa fueron aplazadas debido a que la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, el principal imputado del expediente, recusaron a 29 representantes del Ministerio Público.
En ese sentido, el procurador adjunto Wilson Camacho, quien dirige la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que ahora los fiscales solo pueden esperar la decisión de las instancias del Ministerio Público que deben decidir sobre la recusación.
“Con relación a este proceso, nosotros solamente podemos referirnos a lo que ha sucedido en el día de hoy, y lo que ha sucedido en el día de hoy (al igual) que todas las audiencias que han sido fijadas para esta semana con relación a este proceso, han sido aplazadas”, dijo Camacho a periodistas que lo abordaron a la salida del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
“Pasó ayer en la Corte de Apelación, en la Tercera Sala, pasó hoy en una primera audiencia de resolución de peticiones, y acaba de pasar en esta audiencia, primero de control, y luego de solicitud de prórroga”, apuntó.
Enfatizó que todas las audiencias debieron aplazarse como consecuencia de la recusación que ha sido presentada en contra de 29 fiscales, “dentro de los que estamos incluidos”.
“En consecuencia, nosotros no podemos hacer ninguna otra cosa en este particular que no sea esperar la decisión de los órganos del Ministerio Público con relación a esta recusación que se ha planteado”, dijo.
La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el próximo viernes 18 de marzo, a las 4:00 de la tarde, la audiencia para conocer el expediente de la Operación Medusa.
En la audiencia se deberá conocer la revisión obligatoria de las medidas de coerción a los imputados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Javier Alejandro Forteza Ibarra y solicitudes de la defensa de Alfredo Alexander Solano Augusto, así como la extensión del plazo solicitada por el Ministerio Público para presentar la acusación formal de este caso.
El expediente involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y a los coimputados Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quienes desde el pasado año cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El caso se sigue también contra Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El grupo es acusado de integrar el entramado de corrupción por el que es procesado el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y los funcionarios de su gestión en el período 2016-2020.
El pasado 22 de febrero el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó las medidas de coerción que fueron impuestas a los imputados el año pasado por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, excepto a Rodríguez Sánchez y a Forteza Ibarra, a quienes se le conocerá el 18 de marzo próximo.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y relacionados están imputados, asimismo, de infringir varios artículos de la nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
