Kenya Romero, jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) la obtención de informe financiero relacionado a la investigación abierta en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.
Romero ordenó a la superintendencias de Bancos, de Valores, de Seguro, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (IDECOOP) proveer al director del Pepca, Wilson Camacho, los reportes e informes de los productos financieros, así como todas las informaciones tributarias.
En la autorización, la jueza fija como plazo de vigencia para ejecutar la orden judicial de 60 días a partir del 23 de agosto pasado y establece que incluye todas las informaciones que sobre estos existan en el sistema financiero de las entidades supervisadas por estos, tales como movimientos de todo tipo de cuentas y productos, entre otros, relativas a pagos y exención de impuestos relacionadas con 209 personas físicas y jurídicas.
Según la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, en el levantamiento realizado por la Contraloría fueron identificadas varias formas con las que buscaban obtener estos fondos del Estado:
Realizaron libramientos de pagos fraudulentos a terceros, bajo la modalidad de de supuesta deuda pública, por concepto de expropiación de terrenos.
También, accionaron mediante acuerdos transaccionales. Todo esto, con la finalidad de que el Estado erogue fondos a favor de la estructura de corrupción.
Actuantes liderados por el exministro de Hacienda
La estructura liderada por Guerreo Ortiz era integrada por César Rivas Rodríguez, director de Bienes Nacionales; Claudio Silver, director de Catastro; Luis Miguel Picirillo, Mccabe y Domingo Enrique Martínez del CEA.
Por otra parte, mencionaron a Simón Lizardo, administrador de BanReservas; Luis Reyes, director de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús, Contralor General; Princesa Alexandra García y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de reconocimiento de Deuda Publica, entre otros funcionarios.
Según el informe, un total de 209 personas físicas y jurídicas figuran en este entramado.
