La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó este martes una prórroga de cuatro meses para terminar la investigación en contra de Jean Alain Rodríguez y los demás procesados en la Operación Medusa.
La solicitud para concluir el caso y presentar su acusación fue formalizada ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción, amparados la facultad que le ofrece el Código Procesal Penal en su artículo 151.
La Pepca pidió el plazo debido a que en la medida en que avanza la investigación los hechos indagados se vuelven más complejos y porque han surgido nuevos elementos que deben ser incluidos en el expediente.
Ahora le corresponde a la jueza Solange Vásquez fijar una audiencia escuchar los argumentos de todas las partes y luego decidir si otorga la prórroga o la rechaza.
La semana pasada los abogados de Jean Alain Rodríguez habían denunciado que se oponen a que se le conceda más prórroga a la Pepca. Dicen que esta es una táctica que mantiene a los imputados en Prisión por más tiempo.
Reynoso se pronunció en esos términos al responder a los periodistas que le preguntaron sobre algunos alegatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) respecto a la acusación de la Operación Antipulpo, que tiene como principal imputado por corrupción a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez.
Por este caso guarda prisión en Najayo el exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, y Alejandro Forteza Ibarra.
En el caso figuran también como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario. Además, Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón.
Por este caso, Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez, fue arrestado en España y el Ministerio Público ya hizo el trámite de la solicitud para su entrega a República Dominicana.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
