Santo Domingo. – El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) presentó un balance crítico del año 2025 en materia de corrupción, justicia, transparencia, equidad social y gobernabilidad democrática, al considerar que el país cierra el año con avances legales relevantes, pero también con retrocesos alarmantes que mantienen encendida la indignación social.
En un comunicado, PC calificó el período como de resultado mixto, destacando mejoras institucionales y legales, pero subrayando que estas no han sido suficientes para contener graves casos de corrupción, la lentitud de los procesos judiciales, el debilitamiento de los controles y el impacto social de la impunidad.
Según la entidad, aunque el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional mostró una mejoría para República Dominicana a inicios de 2025, nuevos escándalos profundizaron la desconfianza ciudadana. En ese contexto, el caso SeNaSa se consolidó como el hecho más grave del año.
“El caso SeNaSa quedará en la historia como el más dantesco atentado contra la salud del pueblo dominicano”, afirmó Participación Ciudadana.
La organización sostuvo que el desfalco de más de RD$15,000 millones al sistema público de salud evidenció cómo la corrupción impacta directamente a los sectores más vulnerables, vulnerando un derecho fundamental como la salud.
“La malversación y el uso indebido de recursos destinados a la salud constituyen una forma de violencia social con consecuencias humanas: tratamientos no otorgados, vidas afectadas y pérdida de confianza”, expresó PC.
En materia judicial, la entidad alertó sobre escasos avances en los grandes expedientes de corrupción, con reenvíos constantes y riesgos de prescripción, aunque reconoció la continuidad del trabajo del Ministerio Público y la confianza que aún mantiene la sociedad en su labor.
PC también señaló la penetración del narcotráfico en la política, particularmente en estructuras del PRM, con casos de funcionarios, legisladores y asesores vinculados al crimen organizado, lo que —advirtió— refleja la debilidad de los controles al financiamiento político.
Entre los avances, valoró la aprobación de leyes como el nuevo Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Contrataciones Públicas, así como sentencias del Tribunal Constitucional que fortalecen derechos fundamentales. No obstante, lamentó la exclusión de las tres causales del aborto, manteniendo al país entre los más restrictivos del mundo en derechos reproductivos.
El informe también recordó el derrumbe de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril, con 236 fallecidos, calificándolo como una tragedia nacional que exige un proceso judicial imparcial y transparente.
Finalmente, Participación Ciudadana llamó a que la lucha contra la corrupción trascienda el discurso político y se traduzca en procesos judiciales oportunos, audiencias públicas, reformas estructurales profundas y un fortalecimiento real del Estado de derecho, para evitar que la impunidad vuelva a imponerse.
