Santo Domingo. – El Ministerio Público solicitó este jueves ante al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional imponer penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos a los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola, procesados por corrupción partir de la judicialización de las operaciones Coral y Coral 5G que enfrentaron a una red que sustrajo al Estado más de RD$4,500 millones.
Los fiscales, encabezados en audiencia por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitaron la misma pena para los acusados coronel Rafael Núñez de Aza, general Boanerges Reyes Batista y capitán Franklin Antonio Mata Flores.
También solicitaron la imposición de 15 años de prisión y el pago de 300 salarios mínimos para la procesada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
El Ministerio Público solicitó, asimismo, la imposición de diez años de prisión y multas de 200 salarios para Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, para el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco, al sargento Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía De los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto De los Santos y Eric Daniel Pereyra Núñez.
Además, 5 años de prisión para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez (multa de 200 salarios mínimos), Carlos Augusto Lantigua Cruz (multa de 500 mil pesos) y Miguel Ventura (multa de RD$500 mil).
“Hemos tenido largas jornadas en este tribunal y, tal y como le dijimos a las juzgadoras desde el primer día que demostraríamos cada una de las imputaciones, así lo hemos hecho”, dijo Ortiz, al responder a la prensa a su salida de la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
“Con cada elemento probatorio, con cada testimonio, con cada documento, con cada pericia, hemos demostrado todos los puntos de nuestra acusación”, añadió”.
“En esa virtud hemos solicitado las condenas, condenas que van desde 5 hasta 20 años, todas dentro de las escalas legales y conforme a la participación de los imputados, por lo que no tenemos ninguna duda de que este tribunal dará a cada imputado las penas solicitadas por el Ministerio Público por ser justas y ajustarse en todo momento a los parámetros legales”, precisó la titular de la Pepca.
El tribunal fijó la continuación de la audiencia para el próximo martes 10 del mes en curso.
En su pedimiento, el Ministerio Público, representado por Ortiz junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos, Miguel Collado y Melbin Romero, solicita la clausura, suspensión de operaciones y disolución de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna y la imposición de una multa de 200 salarios mínimos.
También, para las compañías Hacienda Kelman SRL, R&F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium, SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial S.R.L.
Asimismo, la disolución e imposición de una multa de 10 millones de pesos de la razón social Rawel Importadores S.R.L.
El Ministerio Público también solicitó el decomiso de los bienes incautados, entre los cuales se incluyen villas, casas y vehículos de lujo.
En cuanto al imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, en base a la cooperación efectiva que ha realizado con el Ministerio Público, el órgano persecutor solicitó a las juezas del Primer Tribunal Colegiado, Giselle Méndez (presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunes, tomar en consideración el tiempo que lleva el imputado guardando prisión conforme al arresto domiciliario para que esta pena sea computada como cumplida y lo restante sea de manera suspendida.
Para ello, piden que la pena se cumpla bajo la regla de recibir en un domicilio fijo aportado a este tribunal, abstenerse del porte y tenencia de armas de fuego y presentarse una vez al mes ante el juez de ejecución de la pena para dar fe del cumplimiento de las medidas requeridas.
Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el proceso judicial se incluyen 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales, como armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
Además, se identificaron 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de alto cilindraje y más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados en decomiso. Los bienes incautados han generado ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola que ascienden a más de RD$86 millones, también reclamados a favor del Estado.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de encabezar la red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), así como del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
