Santo Domingo. – Organizaciones ambientales denunciaron este martes que la construcción del muro fronterizo con Haití ha provocado la destrucción de miles de cuadros de manglares en la Laguna Saladilla, Manzanillo, y que esos trabajos no cuentan con los permisos correspondientes.
La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas afirmaron en rueda de prensa que la destrucción del área verde se ha producido durante la construcción y relleno de una trocha de más de 20 metros de ancho que dará paso a una carretera de 20 kilómetros de largo por donde se levanta el muro fronterizo.
“Esto dejará dividido en dos este refugio de vida silvestre que, además está protegido por la Convención Internacional Ramsar” -el tratado intergubernamental que ofrece el marco para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos-, señaló el coordinador de la Comisión Ambiental de la UASD, Luis Carvajal.
Según el ambientalista, los trabajos no perjudican únicamente al área ya afectada, sino que el relleno que se vierte sobre el muro a través de un sistema acuático asociado al río Masacre dejará sin fuente de agua al manglar situado al este de la construcción, lo que generaría un crimen ecológico que podría causar su desaparición.
Desde estas organizaciones alertan de que ante la potencial pérdida de más de 800,000 metros cuadrados de suelo dominicano, esa área verde quedará aislada entre la frontera y el muro, dejándola sin protección y a merced de los depredadores de esa zona.
Otro elemento que, a entender de los ambientalistas, carece de lógica es que a pesar de los esfuerzos en defensa del río Masacre, un largo tramo del mismo también quedará aislado del territorio, con toda la vulnerabilidad que implica “perder de vista”, lo que ocurra desde el paraje La Vigía hasta su desembocadura el mar.
Desde las entidades lamentaron que esto haya ocurrido a pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente ha tenido pleno conocimiento de ese crimen ambiental, y acusan a la institución de hacer “la vista gorda bajo el argumento de que se trata de una obra de Estado, pasando por alto los mandatos de la Constitución y las leyes, que ponen bajo custodia el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.
EFE
