Santo Domingo. – La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) manifestó su preocupación por la nueva modificación al proyecto de reforma de la Ley Núm. 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada este lunes por el Senado de la República.
Para el sector comercio, las modificaciones recurrentes a esta ley generan incertidumbre jurídica y afectan la planificación empresarial. El régimen de contribuciones previsto en el artículo 36 vuelve a sufrir cambios apenas meses después de la promulgación de la Ley 98-25, lo que mantiene un escenario de inestabilidad para los contribuyentes.
El precedente que preocupa
Para la ONEC, más allá de los ajustes a la escala de contribuciones, preocupa el precedente que supone modificar de manera reiterada una norma de alto impacto económico. Los procedimientos de urgencia y los escasos espacios para el análisis técnico y la participación de los sectores dificultan un debate profundo.
«El comercio necesita reglas claras, estables y previsibles. La planificación financiera, las inversiones y el cumplimiento regulatorio no pueden depender de cambios sucesivos aprobados en cuestión de días», señaló la organización.
El contexto legislativo
La entidad recordó que el Senado aprobó la reforma apenas días antes del vencimiento del primer pago semestral de la contribución especial, previsto para el 30 de junio.
Después, la Cámara de Diputados introdujo nuevas modificaciones. Entre ellas, cambios en las escalas de aportes, un régimen transitorio para el año fiscal 2025 y la extensión excepcional de los plazos de pago para las empresas que aún no habían cumplido con la contribución.
Un llamado a procesos más deliberados
La ONEC reiteró que respalda los esfuerzos por fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos y reconoce la necesidad de dotar al país de mecanismos de financiamiento para enfrentar este desafío ambiental.
Sin embargo, insistió en que los cambios legislativos deben sustentarse en análisis técnicos, procesos de consulta amplios y reglas estables que brinden certeza al Estado y a los contribuyentes.
La organización también respaldó el llamado que han realizado otros gremios empresariales para que reformas de esta naturaleza pasen por procesos transparentes, participativos y suficientemente deliberados. La meta, según la ONEC, es garantizar un equilibrio entre los objetivos ambientales de la legislación y la seguridad jurídica que requiere la actividad económica formal.
