La prisión preventiva será la medida cautelar que solicitará el Ministerio Público ante el Juzgado de Atención Permanente en contra de los altos militares que supuestamente participaron en un esquema de corrupción que desfalcó al Estado dominicano por al menos 4,500 millones de pesos.
En las próximas horas el órgano persecutor depositará el expediente de solicitud de medidas de coerción donde figurarán como imputados el general de la Fuerza Aérea Dominicana de República Dominicana (FARD) y exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); Juan Carlos Torres Robiou, el general Julio Camilo de los Santos Viola, de la FARD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
También el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, así como Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
Este grupo fue arrestado la noche del miércoles durante los 49 allanamientos realizados en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega por las autoridades durante la madrugada de este jueves. Hasta el momento 125 propiedades han sido ocupadas a la red del caso Coral y Coral 5G.
Este operativo, coordinado por los titulares de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, respectivamente, se suma a la Operación Coral.
“La red de militares desmanteladas por las operaciones Coral y Coral 5G movieron al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros”, adelantó el Ministerio Público de su investigación.
Caso Coral
Por el caso Coral, iniciado en abril de este año, cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso el pasado 10 de mayo la reclusión en Najayo-hombres del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como de Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) en Najayo-Mujeres.
En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.
Después de la disposición de la jueza, Kenya Romero, a los imputados se la ha revisado la medida de coerción y, también por su parte han recurrido a la decisión para lograr su libertad, sin embargo, el Primer Juzgado de Instrucción los ha mantenido en prisión.
Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Según el organismo de persecución, los imputados desarrollaban actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina.
El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.
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