Santo Domingo. – Representantes de MIPYMES vinculadas a las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar solicitaron detener la entrega de anticipos correspondientes a contratos bajo cuestionamiento.
Los oferentes consideran que el Gobierno y los organismos competentes deben investigar primero las alegadas irregularidades en las evaluaciones y adjudicaciones realizadas por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
Durante una protesta cívica celebrada este lunes, el grupo pidió una auditoría forense independiente. También reclamó acceso a los expedientes, una nueva revisión de las puntuaciones y la reinspección de las cocinas adjudicadas.
Elizabeth Beriguete, consultora de MIPYMES, aseguró que la protesta no busca interrumpir el Programa de Alimentación Escolar ni afectar el servicio que reciben los estudiantes.
“Ya está bueno. Con el dinero de la comida de los estudiantes no se negocia ni se juega”, expresó Beriguete.
La representante sostuvo que el objetivo consiste en exigir transparencia y corregir actuaciones que, según los oferentes, perjudican a las pequeñas empresas participantes.
Reclaman respuestas antes de entregar los anticipos
Los manifestantes informaron que han presentado recursos de reconsideración y jerárquicos contra puntuaciones, inspecciones y adjudicaciones.
Según denunciaron, mientras esas acciones permanecen pendientes, continúan registrándose movimientos de centros educativos y raciones alimenticias.
Por esa razón, solicitaron la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). También pidieron al Gobierno garantizar respuestas antes de que el INABIE entregue los anticipos.
“¿De qué sirve ganar un recurso si, cuando llegue la decisión, no quedan raciones para adjudicar?”, cuestionaron.
Los oferentes argumentaron que una decisión posterior podría perder efectividad si los contratos ya comenzaron a ejecutarse o si las raciones fueron distribuidas entre otros proveedores.
Piden nuevas inspecciones y auditoría independiente
Entre sus reclamos figura la publicación de los expedientes y las evidencias recopiladas durante las inspecciones, siempre dentro de los límites establecidos por la ley.
También solicitaron visitas sin previo aviso a las cocinas adjudicadas. Estas inspecciones permitirían comprobar su existencia, condiciones y capacidad para preparar las raciones contratadas.
El grupo planteó que especialistas independientes revisen las fotografías, los formularios, las evaluaciones y las puntuaciones. A su juicio, esa verificación debe aplicar criterios uniformes a todos los participantes.
Los representantes también pidieron investigar versiones sobre supuestos pagos o intermediaciones para obtener habilitaciones, mejores calificaciones y adjudicaciones de varias cocinas.
Aclararon que no responsabilizan a ninguna persona en particular. Precisamente por esa razón, reclamaron una investigación que determine si esos señalamientos tienen fundamento.
La auditoría propuesta incluiría expertos en contratación pública, análisis de datos, informática, logística e inocuidad alimentaria.
Los técnicos tendrían la responsabilidad de revisar las evidencias, visitar las instalaciones cuestionadas y recalcular las puntuaciones. También buscarían establecer quiénes son los beneficiarios finales de los contratos.
Los oferentes insistieron en que cualquier corrección debe producirse antes de la entrega de los anticipos. Asimismo, reiteraron que su reclamo no pretende perjudicar al INABIE ni comprometer la alimentación escolar.
“No queremos destruir al INABIE; saquemos del sistema las prácticas nocivas”, concluyeron.
