El Ministerio Público ha calificado el caso Medusa, que tiene como principal implicado al exprocurador Jean Alain Rodríguez, como uno de los más completos, pues involucra a más de 50 acusados y más de tres mil pruebas.
Así explicó la procuradora de corte Luisa Liranzo, luego de que la noche de este sábado la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositara ante la Sala de Atención Permanente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el expediente acusatorio del caso de corrupción.
La funcionaria del Ministerio Público detalló que las pruebas son de tipo penales que incluyen lavado de activos, estafa al Estado, el desfalco, asociación de malhechores, con sus agravantes.
“A las 11:42 de la noche (de este sábado) depositó la acusación de operación Medusa. Contamos con mas de tres mil pruebas, entre ellas documentales, periciales y testimoniales”, afirmó.
Dijo que la secretaria de turno en el tribunal recibió la acusación, al precisar que la fecha límite para entregar la acusación era el 7 de julio.
En tal sentido, Liranzo precisó que el Ministerio Público cumple con depositar sus actos conclusivos del caso en el plazo que establecen las normas procesales.
En junio del 2021 el Ministerio Público apresó al exprocurador acusándolo de corrupción administrativa durante el período en que estuvo al frente de la Procuraduría General de la República, junto a otros empleados.
Auditoría Cámara de Cuentas
El pasado 28 de junio fue dado a conocer un informe de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana sobre la auditoría hecha a la gestión de Jean Alainen la Procuraduría, en la cual detectó irregularidades, violaciones legales y otros ilícitos en la adjudicación de contratos por miles de millones de pesos.
Entre las anomalías detectadas están la adjudicación de un contrato por más de 103 millones de pesos a un empleada del ministerio de la Presidencia; se dispuso de más de un millón setecientos mil pesos sin ninguna documentación de soporte; contrato por más de quinientos millones de pesos a consorcio sin registro de suplidor del Estado, entre otras.
Asimismo, se detectó un pago por más de seiscientos millones de pesos sin certificación de registro de contrato y sin póliza de garantía
