Santo Domingo. –El Ministerio de Educación (Minerd) advirtió este domingo que se reserva el derecho de llevar ante las instancias judiciales correspondientes a quienes sin aportar la mínima prueba se dedican a emitir «juicios difamatorios» y a «juzgar» a las actuales autoridades educativas.
El director de comunicaciones del Ministerio de Educación, Rafael Alonso Rijo, dijo en un documento que «las autoridades del Minerd estamos totalmente apegadas a las advertencias del presidente Luis Abinader de que en el ejercicio de nuestras funciones podemos tener colaboradores y amigos, pero nunca cómplices».
Alonso Rijo hizo el señalamiento al referirse a un video que, aseguró, circula en la red social TikTok en el que «el ya cancelado capitán de fragata Huáscar de Peña emite juicios calumniosos y difamatorios contra el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación Ángel Hernández».
De acuerdo al funcionario en ese video, De Peña acusa de corrupción al gobernante y al ministro de Educación por el anunciado cambio del uniforme escolar, a iniciarse en el año lectivo 2023-2024 y completarse en el 2024-2025, y que posibilitará que al mismo costo unitario de producción actual lo estén recibiendo más de dos millones de estudiantes, mientras que actualmente solo lo reciben 600,000 estudiantes.
Alonso Rijo aseguró que De Peña está emitiendo juicios de valor sobre las actuales autoridades del Gobierno y del Minerd basado en la actuación de pasados gobiernos, «que sumieron al país en la corrupción, impunidad e irrespeto» a las leyes y la institucionalidad.
«Sus alusiones de que el cambio de uniforme sugeridos desde el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y aprobado por el Consejo Nacional de Educación se trataría de supuestos negocios, sin aportar el menor fundamento, es una irresponsabilidad propia del discurso mentiroso que viene poniendo en práctica sectores políticos rechazados y condenados por el pueblo dominicano», dijo.
Al respecto, Alonso Rijo precisó que Huáscar de Peña, y quienes pueden estar detrás de él, deben considerarse advertidos de que difamar «irresponsablemente» a gente de correcto proceder constituye un «abuso inaceptable», por lo que «hacemos reservas de acudir a los medios legales correspondientes para que sus infundios tengan consecuencias ejemplarizantes».
Sobre el excapitán de fragata Huáscar de Peña, Rafael Alonso Rijo afirmó que fue cancelado junto a otros tres oficiales, luego de «comprobarse la denuncia de ciudadanos franceses residentes en la costa norte (del país)» de que recibió 500,000 pesos por autorizar la construcción de una vivienda dentro de un área prohibida.
