Funcionarios del nuevo Gobierno en distintas instituciones públicas rechazaron las designaciones de oficiales militares realizadas por el Ministerio de Defensa para que se encarguen de la seguridad de las dependencias, y en su lugar han asignado a civiles.
Expertos cuestionados sobre esta situación consideran que las instituciones públicas tienen la potestad de nombrar sus propios encargados de seguridad.
Una de las designaciones del Ministerio de Defensa rechazadas por instituciones del Estado fue la del coronel José Luis Abreu Peña, como encargado de seguridad de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), mediante un memorándum de fecha 21 de agosto, que el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de Edenorte, Edesur y Edeeste, Andrés Astacio, devolvió el mismo día con una comunicación dirigida al ministro de Defensa, mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa, en la que le indicaba que la entidad ya tenía su propio encargado de seguridad.
Otro órgano estatal donde se supo de un conflicto por la posición del encargado de seguridad es el Ministerio de Educación. Allí quien ocupa el puesto actualmente es el coronel Stalin Antonio Peralta Santos. Pero el pasado 18 de agosto se informó al ministro de Defensa, a través de una comunicación, que en su lugar había sido nombrado el civil Ricardo Modesto Pérez Vargas.
Además, ha trascendido que hay inconvenientes por razones similares para posesionar a los encargados de seguridad en los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Industria, Comercio y MiPymes.
Al respecto, el exdirector ejecutivo de la Superintendencia de Seguridad Privada del Ministerio de Defensa, mayor general retirado del Ejército, Francisco José Gil Ramírez consideró que no representa ningún inconveniente que la seguridad de cualquier dependencia estatal sea coordinada por un civil, pero manteniendo la parte militar.
“Cuando en esas direcciones o ministerios haya oficinas o departamentos instituidos con militares; los militares dependen del ministro de Defensa. Como encargados de seguridad de las instituciones correspondientes tienen pertrechos y armas militares que no las pueden poner en manos de un civil, pero el incumbente que nombren puede relevarlo. No relevar la parte militar, si no poner un civil, si lo cree prudente que se encargue o sea el coordinador con el estamento militar que acaba de encontrar”, sostuvo.
El también exdirector del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), explicó que es correcto que los militares que funjan como encargados de seguridad al momento de ser relevados le comuniquen la situación al ministro de Defensa antes de entregar los pertrechos que tienen asignados.
Mientras que el mayor general retirado de la Policía Nacional, Juan Tomás Taveras Rodríguez, favorece que las instituciones públicas puedan ser protegidas por compañías de seguridad privada, como ocurre en otros países.
“Si la persona está calificada y está certificada por los conocimientos y la capacitación, yo entiendo que cualquiera puede desempeñar la función y que eso no lesiona la institucionalidad para nada. Todo va a depender del incumbente, de como se sienta cómodo y seguro, porque quien recibe la seguridad es que tiene que sentirse satisfecho y confiado de la seguridad que recibe, no es otro particular que debe determinar eso”, consideró Taveras Rodríguez.
Agrega que los departamentos de seguridad los crean usualmente los ministros y directores generales, los que pueden solicitar para los puestos a militares, policías o civiles.
De su lado, el politólogo y experto en temas de seguridad Daniel Pou dice que la designación de militares como encargados de seguridad en instituciones públicas es un sistema de premiación para oficiales por parte de los ministros de las Fuerzas Armadas para sus allegados que se denomina “Jicotea” porque, alegadamente, además del sueldo que devengan hay que asignarle otro salario en la dependencia en que los colocan.
“Yo creo que los temas de seguridad corporativa no son parte del entrenamiento de las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que se atribuye que, por ejemplo en las centrales eléctricas, que son partes neurálgicas de la seguridad nacional, y es cierto, pero el problema está en que realmente en el desempeño de esas áreas el tema de los robos de materiales y esas nunca se han podido frenar con los militares”, expresa.
“Realmente los policías y los militares no tienen por qué estar en las instituciones públicas”, concluyó Pou, al advertir que en muchas ocasiones esos militares forman islas de poder donde prestan servicios que les sirven para diversos propósitos.
