Santo Domingo. – El Partido Revolucionario Moderno (PRM), manchado por varios supuestos narcodiputados en sus filas, solicitará a sus candidatos datos extras más allá del papel de buena conducta y pruebas de dopaje, a fin que evitar filtración de narcotraficantes en las instituciones del Estado.
José Ignacio Paliza, presidente de la organización, manifestó este lunes que han elaborado una reglamentación más allá de las medidas usuales, como pedido de unos «estados auditados para conocer su propio manejo de las finanzas personales y de dónde surgen los recursos que disponen para financiar su propia campaña».
Además de eso, expresó que el PRM mejorará su sistema para que cada ciudadano busque informaciones adicionales de propuestas de los candidatos y así el partido tenga razones extras para depurar a los aspirantes.
Estas y otras medidas serán coordinadas por la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos de oposición, «porque este no es un tema solamente para que lo trate el PRM, sino para que lo trate el sistema», expuso Paliza durante una rueda de prensa en la que el Gabinete de Transparencia y Prevención del Gasto Público anunció medidas para evitar el uso de dinero público en la campaña política.
«Tenemos que hacer lo propio para depurar mejor a todos nuestros candidatos, no solo del PRM, sino todos los candidatos que presenten los partidos políticos…» expuso el presidente del PRM y ministro administrativo de la Presidencia.
Paliza expuso que en los próximos días darán más detalles sobre el plan de prevención del narcotráfico en la política nacional.
A propósito del tema, en la Cámara de Diputados hay una comisión que trabaja en la sustitución de Miguel Gutiérrez, diputado del PRM por Santiago, detenido en Estados Unidos desde mayo del 2021, cuando fue apresado en Miami por supuesto vínculo con el narcotráfico.
El Ministerio Público tiene en la mira a cuatro diputados, tres del PRM, que tienen alegadas relaciones con ese mundo. Los expedientes se conocen en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), debido a la jurisdicción privilegiada de los legisladores.
De igual manera, el director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, está sometido a la justicia en la llamada Operación Falcón, por alegados vínculos con sustancias controladas.
