La madrugada del 16 de noviembre de 1989, la sangre salpicó las paredes y los patios de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en la capital de El Salvador.
Los cuerpos fueron minuciosamente masacrados, tiro a tiro. Las marcas del ataque quedaron estampadas en huecos profundos en las fachadas.
Los cadáveres de seis curas jesuitas y de dos mujeres, la cocinera de la residencia y su hija de 16 años, quedaron envueltos en sangre, bocabajo, en los cuartos o en el jardín.
«Sus rostros y cerebros fueron despedazados como animales que se destazan sin piedad«, recordó en el vigésimo aniversario de los hechos el portal oficial de los jesuitas para América Latina.
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Todo había comenzado un poco antes, cuando soldados del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata «Atlacatl», un comando entrenado en Estados Unidos, intentaron entrar por la fuerza a la casa de los curas, casi todos directivos de la UCA.
Según documentos de la Comisión de la Verdad formada en El Salvador en 1992, la UCA era considerada un «refugio de comunistas» y los soldados habían recibido órdenes de eliminar a los «elementos subversivos conocidos».
Después de cometer su encomienda esa noche, dejaron señales y pruebas falsas para que parecieran que los crímenes habían sido cometidos por la guerrilla insurgente.
Más de 30 años después la mayoría de los responsables de la masacre no ha enfrentado la justicia, con una excepción.
Este viernes, el excoronel Inocencio Montano, quien para entonces se desempeñaba como viceministro de Defensa, fue condenado a más de 130 años de cárcel por la Audiencia Nacional de España, que en 2011 inició un proceso penal bajo el principio de justicia universal dado que cinco de las víctimas tenían nacionalidad española.
Montano, quien fue extraditado de EE.UU. a España en 2017, se convirtió así en el único de los presuntos autores intelectuales de la matanza que ha tenido que enfrentar la justicia, luego de que El Salvador se rehusara a extraditar a los otros acusados.
Y es que si bien en abril de 2018, una corte de Paz salvadoreña ordenó la reapertura del proceso para determinar la autoría intelectual y al año siguiente, un alto tribunal lo confirmó, hasta la fecha no se han producido avances.
Esto, a pesar de que incluso el gobierno de Estados Unidos, que apoyó y financió la guerra civil en El Salvador, también anunció a inicios de año sanciones (restricciones de visa) para 13 exmilitares del batallón que la CIA entrenó y a los que se responsabiliza por la muerte de los seis jesuitas y las dos mujeres.
Fuente: bbc.com
