La senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, aseguró que las discusiones en torno a la ley de Fideicomiso Público son legítimas y necesarias al tratarse de una estructura financiera “innovadora”.
Mediante una nota de prensa, la legisladora defendió la pieza, al asegurar que la misma cre un marco único para los fideicomisos.
«Aquí estamos construyendo un marco legal para que todos los fideicomisos, a partir de ahora, tengan criterios únicos sobre los cuales los contratos puedan establecerse según su naturaleza y eso es un gran aporte a la estructura financiera dominicana. Un gran aporte a todo el ordenamiento jurídico nacional. Antes se hacía por decreto, sin regulación, ahora estamos regulando, trabajando para transformar e incluir mecanismos de control que garanticen los bienes del Estado dominicano, a través de organismo de la Contraloría, de la Cámara de Cuentas, de la ley de Libre Acceso a la Administración Pública y del órgano rector de la Superintendencia de Bancos, pueden ser veedores a parte del Congreso Nacional, que tiene que aprobar esos contratos”, dijo.
Durante la última sesión ordinaria del Senado de la República, Raful dijo que cuando presidió la Comisión de Hacienda a principios del 2022, el proyecto de fideicomiso público fue una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo. Recoerdó que los integrantes, a solicitud de la presidenta de la comisión, procedieron a debatir y consultar, integrando modificaciones al proyecto original para establecer controles.
«Esa ley fue estudiada y modificada de cabo a rabo, de cómo la recibimos del Poder Ejecutivo, eso dista mucho de aquellos que dicen que somos un sello gomígrafo, quien les habla es la senadora de la capital del partido de gobierno, una persona que es crítica con las cosas que llegan, perfeccionando incluso las iniciativas que vienen del Poder Ejecutivo, discutiendo con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo que estuvo presente en la comisión durante más de seis meses”, aseguró.
Aclaró que no hay una transferencia de propiedad, pero sí a un compromiso de administración de bienes del Estado y para eso los legisladores establecen controles siguiendo el mandato de la Constitución dominicana que a partir del 2010 establece el principio de subsidiariedad, donde se permite la entrada del sector privado en conjunto con la administración pública estableciendo límites de hasta dónde llega el primero.
Faride Raful dijo no creer que los fideicomisos públicos sean la panacea de la Administración Pública y dio testimonio del trabajo de la Comisión de Hacienda en establecer los controles para que esta sea viable.
Agregó que esta figura que proviene del sector privado al introducirlo al sector público no puede fusionarse completamente al Sistema de Compras y Contrataciones, por su naturaleza distinta a otros tipos de instrumentos. Se sostuvieron largas conversaciones con la dirección de Alianzas Público-Privada que estuvo presente, y el poder ejecutivo consensuando un mecanismo de control que el proyecto original no traía consigo. No eximiendo de que sea observado bajo los principios de la ley de Compras y Contrataciones.
Fuente: Diario Libre
