Santo Domingo. – Los interrogatorios por el caso Senasa 2.0 continuaron este sábado en la sede de la Procuraduría General de la República, donde fiscales procuran establecer la participación de cada detenido en el fraude investigado.
Al menos 13 de las 28 personas arrestadas durante la Operación Cobra 2.0-A fueron trasladadas al edificio. Antes permanecieron bajo custodia en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Familiares y abogados también acudieron a la Procuraduría para conocer el estado de los detenidos y obtener información sobre las próximas actuaciones del Ministerio Público.
Las autoridades investigan un esquema que habría ocasionado pérdidas por unos RD$15,000 millones al Seguro Nacional de Salud. Los expedientes incluyen a exempleados de la ARS estatal, médicos y otros prestadores de servicios.
Las maniobras atribuidas a los médicos
El Ministerio Público sostiene que varios profesionales participaron en cobros por servicios y medicamentos que nunca recibieron los afiliados. También les atribuye doble facturación y pago de sobornos.
La orden de arresto menciona el uso de sellos médicos falsos y la alteración de estados financieros. Además, señala la creación de programas especiales que no contaban con respaldo jurídico.
Las acusaciones incluyen la venta de medicamentos donados, la asignación irregular de salarios y viáticos y el reembolso de gastos por viajes y hoteles.
Otro punto del expediente plantea que los involucrados utilizaron habitaciones de un centro oncológico para practicar cirugías estéticas.
Estas imputaciones corresponden a la investigación del Ministerio Público. Los detenidos conservan la presunción de inocencia y podrán responder a las acusaciones durante el proceso judicial.
Esperan solicitud de medidas de coerción
El órgano acusador deberá decidir cuáles de los arrestados presentará ante un tribunal y qué medidas de coerción solicitará contra cada uno.
La Operación Cobra 2.0-A incluyó 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon dinero, vehículos, armas de fuego y otros bienes.
