Santo Domingo. – La Fuerza del Pueblo, mediante su Secretaría de Seguridad Ciudadana, reclamó al Gobierno dar a conocer de inmediato la contratación, la remuneración y la fuente de financiamiento del asesor financiero de la Presidencia para la Reforma Policial.
El planteamiento llegó a través de un comunicado que difundió Josefina Reynoso, titular de esa secretaría.
Una preocupación de mayor alcance
Según la organización política, esas contrataciones se enmarcan en una inquietud más amplia sobre el manejo de los recursos destinados a la reforma policial.
De acuerdo con el documento, el costo total, las fuentes de financiamiento, los contratos de asesoría y los resultados aún no han sido explicados de manera integral al país.
«El Gobierno presenta internacionalmente otro asesor, ahora en el área financiera para la reforma policial, pero no informa qué institución lo contrata, por cuál vía se le paga, cuánto recibe ni con cargo a qué fuente presupuestaria, programa, fideicomiso o mecanismo de cooperación se financian sus servicios», expresa Reynoso.
La opacidad que señalan
En el comunicado, la dirigente advierte que no puede hablarse de transformación institucional mientras permanezcan sin aclararse los contratos, los honorarios de asesores y consultores, y las fuentes de financiamiento.
El peso de quien maneja las finanzas
Reynoso plantea que quien participa en el diseño financiero de la Policía Nacional puede incidir en decisiones sobre presupuesto, compras, contrataciones, logística, tecnología, equipamiento y funcionamiento operativo.
Por esa razón, sostiene que su vínculo con el Gobierno debe estar respaldado por actos públicos, funciones claramente definidas y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
«Este cuestionamiento está relacionado con transparentar los fondos, ya que proponen una nueva etapa sin que se conozcan los resultados de la primera. Es una exigencia política e institucional. El país tiene derecho a saber quién administra y supervisa los recursos destinados a la reforma policial, quiénes reciben pagos y cuáles resultados se obtienen», indica.
Dónde están repartidos los fondos
El documento establece que el Gobierno debe detallar cómo se distribuyen los gastos de la reforma.
Ese desglose tendría que abarcar la Presidencia, el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, fideicomisos, proyectos especiales, organismos internacionales y empresas contratistas. Solo así, según la FP, podría conocerse el costo real del proceso.
La información que solicitan
La organización pide publicar los contratos, designaciones o actos de vinculación de los asesores actuales y de todos los contratados por el Estado desde 2021 hasta la fecha.
También reclama conocer las instituciones responsables de sus pagos, los montos de honorarios y beneficios, la fuente presupuestaria utilizada, los términos de referencia, los informes entregados y el alcance de sus funciones.
Auditoría de la Cámara de Cuentas
Reynoso reiteró además la solicitud de una auditoría especial, integral e independiente, vía la Cámara de Cuentas.
Ese examen debería cubrir asesorías, consultorías, compras, capacitación, tecnología, infraestructura, logística y cooperación internacional de todas las instituciones involucradas.
Seis años de anuncios
«Seis años de promesas y de anuncios, y el país todavía no sabe cuánto cuesta realmente la reforma policial, quiénes manejan esos recursos y los resultados concretos están a la vista de todos los ciudadanos con el miedo que se siente en las calles», expresó la dirigente.
En esa línea planteó que «la transparencia no es una concesión del Gobierno; es una obligación constitucional».
El cierre del planteamiento
Reynoso puntualizó que el Gobierno debe revelar a quiénes ha contratado, cuánto cobran, quién supervisa su trabajo y cuáles resultados entregan.
También debe explicar, según indicó, cuánto dinero se invierte en toda la reforma policial y por qué, tras destinar tantos recursos, la población continúa sintiéndose insegura.
«La seguridad no puede manejarse desde la opacidad», concluyó.
