Santo Domingo.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que los trabajos de diagnósticos y recomendación para la ejecución de la reforma de la Policía Nacional ya concluyeron, por lo que solo se espera la voluntad del presidente de la República para su ejecución.
» Nosotros como grupo de trabajo hicimos nuestra labor, cumpliendo con nuestra responsabilidad. Ahora es al Estado a quien le corresponde asumir todas esas sugerencia que fueron el fruto de un proceso, donde intervinieron expertos, miembros de la Policía Nacional y la sociedad», sostuvo Servio Tulio Castaños.
Servio Tulio, quien encabezo el grupo de expertos que trabajaron en la reforma policial, entienden que las muertes de Richard Báez, José Gregorio Custodio y David de los Santos trasciende el orden público, por lo que no le corresponde a la policía hacer investigaciones ni llegar a conclusiones.
«No se trató de una falta a lo interno de una institución, sino que hay tres muertos ,que fallecieron en destacamento. Esto trasciende al orden público, por lo que no es una atribución de la policía la ejecución de una investigación, sino del Ministerio Público», indicó.
Las muertes de los referidos ciudadanos, luego de haber entrado en íntegras condiciones físicas a destamentos policiales, ha creado tanta conmoción que el senador por Elías Piña, Yván Lorenzo, ha sometido a consideración de sus colegas una resolución que invita a Amnistía Internacional, la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Human Rights Watch a hacer una exhaustiva investigación técnica y objetiva sobre los hechos acontesidos en el país.
Por su lado, la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados giró una invitación al director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then para que explique las circunstancias en que fallecieron tres ciudadanos en menos de un mes luego de ser detenidos por la uniformada.
Los hechos ya están siendo investigados por el Ministerio Público, cuya incumbente ordenó que se refuercen los equipos fiscales que recaban las informaciones sobre los hechos.
