SANTO DOMINGO.- El vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, depositó una carta remitida a los miembros de la comisión de justicia de la Cámara de Diputados con las observaciones realizadas al Proyecto de Código Penal que actualmente cursa en el Congreso.
Castaños Guzmán, dijo que los anexos a esa misiva son el resultado de múltiples sesiones de trabajo de la comisión de alto nivel en materia penal conformada, a petición de esta Cámara, y, bajo la coordinación de FINJUS, por los licenciados Servio Tulio Castaños, Rafael Bonelly, José Lorenzo Fermín, Ricardo Rojas, Pedro Balbuena, Ramón Núñez, Félix Olivares, Yudelka Polanco y Génesis Bello.
También informó que remitió en el documento anexo las observaciones in extenso realizada por la referida comisión, presentada en contraste a la ley 550-14 (declarada inconstitucional) y el proyecto que actualmente cursa en el seno del Congreso, es con el ánimo de contribuir a la ponderación y análisis que dicha iniciativa.
“Los trabajos de reforma propuestos han estado orientados, esencialmente, en la actualización de la pieza legislativa como instrumento indispensable para la consecución de una política criminal verdaderamente efectiva al momento de enfrentar las novedosas formas y esquemas delincuenciales. Las propuestas que hoy presentamos de modificación al Código Penal ponen de manifiesto las valoraciones jurídica-sociales, los vacíos, las contradicciones y las deficiencias de las disposiciones legales de nuestro actual Código Penal”, expresó Castaño.
Las observaciones que se presentaron en los anexos a consideración de la Cámara de Diputados, afinan aspectos para el entramado jurídico penal como son, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el cúmulo de penas como respuesta al crimen organizado nacional y transnacional; así como la definición de infracciones graves contra el patrimonio público que no existían como tipo penal, ejemplo de ello: la proscripción de la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la modificación del tipo penal del cohecho de funcionarios y auxiliares de justicia, el pago irregular de contratos administrativos, la sobrevaloración, entre otros.
