Santo Domingo. – El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que el artículo 209 del nuevo Código Penal, que tipifica la «difamación extorsiva», presenta riesgos constitucionales y podría afectar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Según explicó, la norma busca castigar a quien amenace con divulgar información que afecte la reputación de otra persona para obtener algún beneficio. Sin embargo, omite elementos como la veracidad de la información y el interés público de los hechos.
«El legislador ha identificado correctamente el problema del chantaje mediático, pero la solución punitiva propuesta no establece salvaguardas suficientes para diferenciar una conducta extorsiva de una denuncia legítima o de una investigación periodística realizada en beneficio del interés público», indicó.
El riesgo de censura indirecta
Castaños Guzmán señaló que la falta de una cláusula que excluya responsabilidad penal cuando la divulgación tenga fines de denuncia podría criminalizar actividades periodísticas y provocar un efecto inhibidor en comunicadores e investigadores.
Penas desproporcionadas
El jurista cuestionó también las penas previstas, de cinco a diez años de prisión mayor, agravables cuando intervienen dos o más personas.
«La desproporción es evidente. Se establece una protección penal del honor y la reputación con una severidad superior a la que reciben otros bienes jurídicos fundamentales», manifestó.
La ambigüedad del «beneficio de cualquier naturaleza»
Castaños Guzmán advirtió que la expresión «beneficio de cualquier naturaleza» genera incertidumbre en el contexto digital, ya que gran parte del contenido en redes y plataformas de streaming genera algún tipo de beneficio para sus autores. Eso podría llevar a interpretar erróneamente una investigación periodística como conducta penal.
El llamado de Finjus
El vicepresidente de la institución concluyó que el artículo vulnera principios de tipicidad, proporcionalidad y mínima intervención penal, y pidió una revisión de la norma.
«Se impone una reforma que permita deslindar claramente el chantaje extorsivo del ejercicio legítimo de la crítica y restablecer la coherencia constitucional y dogmática del sistema penal», concluyó.
