Washington D. C. – Un ingeniero de OpenAI, identificado como Abdulrahman Alfozan, fue acusado en Estados Unidos de intentar interceptar conversaciones orales mediante un dispositivo de grabación oculto en una sala de reuniones de la empresa en San Francisco.
El Departamento de Justicia informó que Alfozan, de 35 años y nacionalidad saudí, fue arrestado el 9 de octubre y compareció ante un tribunal federal este martes. La acusación se basa en una denuncia; por tanto, los hechos señalados todavía deben probarse ante la justicia.
La denuncia describe dos dispositivos
Según el documento judicial, empleados de OpenAI encontraron el 30 de septiembre un dispositivo de audio conectado a un puerto USB detrás de un televisor en una sala de reuniones ejecutiva. La denuncia sostiene que estaba cubierto con papel higiénico y que habría sido colocado dos días antes.
La sala se utilizaba para reuniones sobre información técnica, comercial y estratégica de la empresa. El documento también alega que Alfozan estuvo cerca de ese espacio en varias ocasiones, pese a no tener autorización para entrar.
Días después, personal de seguridad encontró otro dispositivo de grabación dentro de una bolsa que, según la denuncia, pertenecía al empleado. La bolsa contenía además su billetera y documentos de identidad, de acuerdo con el Departamento de Justicia.
La denuncia también menciona consultas realizadas con herramientas de productividad y una cuenta de chatbot vinculada a su cónyuge, relacionadas con la creación, configuración y ocultamiento de dispositivos de grabación. Estas referencias forman parte de las alegaciones presentadas por los fiscales.
OpenAI lo despidió y reportó el caso al FBI
OpenAI informó que reportó el hallazgo al FBI y despidió al empleado. La empresa dijo que, hasta el momento, no tiene indicios de que Alfozan haya accedido o extraído pesos de modelos, código fuente o datos de clientes. La investigación sigue en curso.
Si es declarado culpable, Alfozan podría enfrentar hasta cinco años de prisión, una multa de 250,000 dólares y tres años de libertad supervisada, según el Departamento de Justicia.
