SANTO DOMINGO.- El Poder Judicial informó que ha asistido a 2,756 usuarios mediante los Centros de Entrevistas para Personas en Condición de Vulnerabilidad, Víctimas o Testigos de Delitos, desde enero de 2019 hasta octubre de este año.
De acuerdo con el informe del Poder Judicial, 2,111 de las personas usuarias fueron mujeres, lo que equivale a un 76.59%; mientras que 645 resultaron ser hombres; evidenciando la vulnerabilidad del sexo femenino referente a estos casos.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina Peña, expresó que esas acciones forman parte del quehacer institucional para proteger los derechos de los más vulnerables e indicó que se ha puesto en marcha la adecuación del funcionamiento del sistema de justicia para acoger y facilitar el acceso a las mujeres víctimas de violencia y así asegurar un trato digno para todas.
Molina Peña, dijo que dentro de las acciones que se han llevado a cabo están la puesta en funcionamiento y ampliación de los servicios en los centros de entrevistas especializados, a fin de reducir el peso de la recolección de la prueba en mujeres maltratadas. “La incorporación de la perspectiva de género de manera transversal en la administración de justicia es una respuesta necesaria al drama insistente de la violencia machista y de los feminicidios”.
Centros de Entrevistas y Protocolo de Actuación para Entrevistas
Los Centros de Entrevistas surgen como respuesta del Poder Judicial para garantizar y respetar los derechos, facilitando el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos de delitos, mediante el acondicionamiento de espacios ambientados adecuadamente, dotados de equipos tecnológicos que permite la observación, escucha y grabación de sus declaraciones que servirá como anticipo de prueba cuando estas personas sean víctimas o testigos de delitos.
Los objetivos de los Centros de Entrevistas son garantizar los derechos, la integridad y la protección de las personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos. Además, minimizar la victimización secundaria o revictimización y respetar los principios del derecho penal y garantía de los derechos de las personas imputadas, garantizando el estado de derecho.
En la actualidad, los Centros de Entrevistas están ubicados en Puerto Plata, Santiago, Samaná, Mao, San Francisco de Macorís, La Altagracia, San Cristóbal, Distrito Nacional y Santo Domingo.
Los principios que sustentan los centros de entrevistas son Garantía de Derechos, Prioridad absoluta, No revictimización, Igualdad, No discriminación, Confidencialidad, integridad, Discreción y Proporcionalidad.
El Poder Judicial también cuenta con el Protocolo de Actuación para Entrevistas Forenses a víctimas y testigos en condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, el protocolo busca unificar los mecanismos de acceso a la justicia, reducir la victimización secundaria, garantizando el pleno respeto de sus derechos y la tutela del derecho de defensa de las demás partes que intervienen en los procesos judiciales.
Acciones del Poder Judicial en materia de Género
El pasado 25 de noviembre, la Comisión para Igualdad de Género del Poder Judicial puso a circular una guía de buenas prácticas para los procesos penales en casos de violencia doméstica e intrafamiliar y de género, y abrió un portal de consulta ciudadana con la finalidad de brindar mayores garantías a la integridad de las víctimas de violencia.
La Guía de Buenas Prácticas para el manejo de casos de violencia doméstica e intrafamiliar y de género para jueces, juezas y servidores judiciales contiene una serie de puntos a tomar en consideración por la judicatura y por los servidores que interactúen con víctimas de violencia en las diferentes etapas del proceso penal, de acuerdo con parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
A raíz de estas iniciativas, el Poder Judicial llevó a cabo un programa de capacitaciones para jueces, juezas y servidores judiciales con la finalidad de socializar la guía de Buenas Prácticas y el Protocolo de Actuación de los Centros de Entrevistas, a fin de que sean aplicados en los procesos judiciales relacionados con la violencia contra la mujer.
