El Informe anual del Departamento de Estado sobre los Derechos Humano en la República Dominicana para el año 2020, dice que durante ese año la falta de voluntad política impidió la condena de personas acusadas de corrupción, en espacial, aquellos funcionarios o políticos de alto nivel.
La ONG afirma que, con frecuencias, funcionarios se involucraron en prácticas corruptas con impunidad, porque el Gobierno no aplicó la ley de manera efectiva, a pesar de que la Procuraduría General investigó varios denunciados de corrupción.
Se recuerda que en el juicio contra seis de los 14 imputados desde el 2017 por presuntos vínculos con el pago de 92 millones de dólares en sobornos por la constructora brasileña Odebrecht (hoy Embraer) para obtener contratos de obras públicas se reanudó en septiembre. Fue previamente programado para abril, pero fue pospuesto debido a la pandemia del COVID-19. Los seis acusados incluían a dos exsenadores, un exrepresentante de la cámara baja y un exministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El presidente de la República, Luis Abinader prometió durante su campaña electoral que lucharía fuertemente contra la corrupción y nombraría a un procurador independiente.
En el mes de agosto asignó a Miriam Germán como nueva procuradora general, quien en conjunto a 19 nuevos miembros de la Fiscalía Especializada en Corrupción Administrativa arrestó a diez personas estrechamente relacionadas con la administración del expresidente Danilo Medina por cargos de corrupción.
Este organismo asegura que, “las ONG y ciudadanos individuales denunciaron actos de corrupción por parte de varios cuerpos del orden, incluidos policías, agentes de inmigración y funcionarios de prisiones. En ocasiones, el gobierno utilizó acciones disciplinarias no judiciales por corrupción, incluido el despido o traslado de personal militar, policías, jueces y funcionarios menores. Sin embargo, la aceptación y tolerancia generalizadas de la corrupción menor obstaculiza los esfuerzos anticorrupción”.
El informe hizo referencia además, a las declaraciones juradas de los funcionarios que ocupan cargos públicos, las cuales deben realizarse a los 30 días posteriores de asumir la posición.
En ese sentido, detalla que la constitución requiere además que los funcionarios públicos declaren la procedencia de su patrimonio.
El informe establece que la Cámara de Cuentas es responsable de recibir y revisar estas declaraciones juradas de bienes. El 27 de noviembre, el gobierno anunció la suspensión, sin disfrute de sueldo, de 36 funcionarios públicos por no presentar a tiempo su declaración jurada de bienes.
En reiteradas ocasiones, Luis Abinader insta a sus funcionarios a dar ejemplo y actuar con transparencia y ética, advirtiéndoles que la lupa ahora estará puesta en ellos, porque todo el que cometa un acto ilícito enfrentará la justicia.
