El Consejo de Defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, responsabilizó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de de las muertes, heridos y daños a las obras, así como pérdidas, saqueos y deterioro de equipos en los recintos penitenciarios de La Victoria y San Juan.
Sobre los incidentes ocurridos en la cárcel de San Juan durante el pasado fin de semana que dejaron tres heridos y un muerto con armas blancas, el Consejo de Defensa del exprocurador expresó que de haberse concluido y puesto en operación los nuevos recintos penitenciarios de San Juan de La Maguana que cuentan con mayores niveles de seguridad, «esos incidentes seguramente no hubieran sucedido».
«El actual recinto de la Fortaleza de San Juan no es un recinto propio ni diseñado para albergar internos y además se encuentra en situación deplorable con una capacidad máxima de 140 personas. Sin embargo, se encuentran recluidos más de 800 internos, durmiendo a la intemperie muchos de ellos, en condiciones inhumanas y sin los debidos controles de seguridad que ocasionaron el motín y heridas con armas blancas durante el fin de semana pasado», indica una nota enviada a la prensa.
Resaltó que precisamente por esa «deplorable situación» el Plan de Humanización contempló la construcción de un nuevo y moderno recinto penitenciario en la provincia de San Juan el cual fue entregado a la nueva gestión completamente equipado y listo para entrar en operación en el mes de septiembre del 2020, solo pendiente de concluir detalles de terminación.
Sin embargo, contradiciendo el espíritu, planes y decisión de ambos procuradores actuantes, la PEPCA decidió detener y abandonar esa obra, que ha generado un deterioro, saqueos y pérdida de decenas de millones de pesos, pero sobre todo heridos y muertes que caen sobre sus hombros, alegan los abogados del exprocurador.
«No era necesario ni obligatorio detener esa ni ninguna de las obras para que la Cámara de Cuentas realice su auditoría. La auditoría debe realizarse de forma minuciosa y rigurosa a los fines de determinar cualquier irregularidad incluyendo sobreevaluación, que no debería haberla ya que la actual gestión pagó más de 220 millones adicionales no contemplados inicialmente, para correctamente poner en operación dichas obras. Si la hubiera que no creemos que exista, quienes pudieran haber sobrevaluado necesariamente son los contratistas y la actual gestión que les pagó más de 220 millones sobre el precio, con seguridad luego de ver que no existía tal sobreevaluación», acotó el Consejo de Defensa.
Agregaron que Punta Catalina y cientos de obras han sido auditadas o están siendo auditadas sin detener las obras o con las obras ya finalizadas. Esa es la práctica e incluso la PEPCA pudo separar de las investigaciones el tema de las eventuales sobreevaluaciones para una segunda etapa como se hizo con el caso Odebrecht. «Sin embargo, la PEPCA con esa detección está generando la perdida de vidas, motines, heridos y cientos de millones de pesos en pérdidas que caen sobre sus hombros. Tienen privado de libertad al ex Procurador por vicios de construcción, mientras ellos destruyen esas obras y el erario, siendo éste el verdadero crimen”, apuntó Carlos Balcácer.
Detallaron que el nuevo y moderno centro de San Juan tiene capacidad para 994 internos con lo cual se pone fin a la sobrepoblación de esa provincia y zonas aledañas. Al igual que La Nueva Victoria, su estructura cuenta con diversas áreas que permiten dar un tratamiento individualizado a cada interno desde el momento de su ingreso hasta finalizado su tiempo allí.
El nuevo centro cuenta con edificios administrativos, dispensario medico, dos iglesias o espacios para cultos, planta de tratamiento de agua, comedor, cocina, panadería, talleres educativos, salón multiuso, talleres industriales, alojamiento para agentes y bloques de espacios de observación y reflexión. En adición, cuenta con tres (3) canchas deportivas, pista de atletismo, campo de béisbol, invernaderos y otras facilidades propias y necesarias para la debida reinserción de los privados de libertad y así reducir la criminalidad, todo lo cuál estaba prácticamente listo para septiembre del 2020.
En cuanto a seguridad, cuenta con modernos equipos y alta tecnología, fibra óptica y cableado que comunica todos los edificios; detectores de metal, scanners, circuito cerrado con decenas de cámaras de alta definición, luces, inodoros, lavamanos y duchas anti vandálicas, caniles de ataque y detección de drogas y dinero, equipos antimotines y otros dispositivos de seguridad.
«Esta obra estaba prácticamente lista y no fue puesta en operación por los retrasos que generó la pandemia, con el compromiso de finalizarla el contratista en menos de 30 días. La obra estaba tan avanzada que todo el mobiliario ya se encontraba allí incluyendo más de 10,000 libros organizados en la biblioteca, equipos de cocina, ropa de cama, vehículos y hasta los kits de higiene. Al contratista solo le faltaban colocar algunas ventanas, puertas, asfaltado parcial y otros detalles», establece la nota de prensa.
El Consejo dice, además, que al llegar la procuradora Miriam Germán Brito, la misma firmó correctamente una adenda con el contratista de esa obra señalando en el mismo que el proceso de licitación había sido exitoso y ratificó el contrato inicial en todas sus partes, extendiéndole el tiempo y plazo al contratista para que concluyera la obra y así ponerla en operación.
«El hecho de que Miriam Germán Brito ratificara este contrato confirma que la misma y su equipo evaluaron el proceso de adjudicación, las cubicaciones y sobre todo confirma su intención de continuar el Plan de Humanización, para así acabar con las drogas, motines, violaciones a los derechos humanos y muertes en el actual recinto de San Juan y sobre todo que no se perdieran los cientos de millones invertidos en esa obra», dicen los alegatos finales los abogados de Jean Alain sobre el tema.
