Santo Domingo (EFE).- Decenas de personas, en su mayoría mujeres, se manifestaron este domingo frente al Congreso Nacional (bicameral) para exigir a ese organismo y al presidente de la República, Luis Abinader, la despenalización del aborto en tres causales.
Bajo un sol candente y encendiendo luces de colores, los manifestantes recordaron que las modificaciones al Código Penal dominicano que estudia el Congreso deben incluir el aborto cuando corre riesgo la vida de la niña o mujer, cuando es resultado de violación o incesto y cuando la ciencia determine que el feto no tiene posibilidad de sobrevivir.
La protesta, con ocasión de la conmemoración este lunes del Día Internacional de la Mujer, alertó que durante enero pasado la mortalidad materna presuntamente aumentó un 41% con respecto al mismo período de 2020, mientras que el año pasado “murieron 208 mujeres vinculadas al embarazo.
“Estas muertes pudieron ser evitadas”, afirmaron en un documento las portavoces de la protesta Katherina Cabrera, de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas; Nilsa López, escritora y abogada, y Elizabeth Vélez, del grupo Católicas por el Derecho a Decidir.
Reclamaron al presidente Abinader y al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) cumplir sus promesas de campaña cuando, según afirmaron, apoyaron el aborto en sus tres causales.
Sostuvieron que la vida, la salud y la dignidad son derechos fundamentales que seguirán siendo vulnerados mientras haya una ley que obligue a niñas y mujeres a morir o a desproteger su salud o mientras se imponga un embarazo forzado resultado de una violación o incesto, sin dar la libertad de decidir.
“Usted no elegiría ese destino para sus hijas, ¿por qué elegirlo para las demás niñas y mujeres del país?”, expresaron en referencia al jefe de Estado, que ha procreado tres hijas con la primera dama, Raquel Arbaje.
En una entrevista concedida en diciembre pasado al diario español El País, Abinader manifestó su apoyo al aborto en esas tres causales.
Advirtieron que la mortalidad materna impacta a toda la sociedad dominicana, pues afecta también a las personas que dependen de estas mujeres, como los niños que dejan en orfandad y los padres, madres o abuelos que tenían bajo su cuidado.
Aseguraron que las familias empobrecidas son las que más sufren las consecuencias de la penalización total, pues no tienen los recursos para buscar alternativas cuando corre riesgo su vida o salud.
“Sin causales, ustedes perpetúan el círculo de la pobreza y niegan oportunidades a aquellas familias que enfrentan un embarazo infantil”, indicaron en alusión a los legisladores, quienes no se encontraban en el lugar porque los domingos el Congreso está cerrado.
De acuerdo a los grupos feministas, entre 2015 y 2019 dieron a luz en el país 29.487 niñas menores de 16 años. De estas, 1.228 tenían 12 años o menos.
“Un embarazo en estas circunstancias, no solo pone en peligro sus vidas, si no que reduce las posibilidades de tener un desarrollo integral, en lo personal y profesional”, afirmaron.
El Código Penal dominicano, aprobado por el Congreso Nacional en 2014, fue vetado en dos ocasiones por el entonces presidente de la República, Danilo Medina, debido a que mantiene la penalización del aborto en todos los supuestos.
La nación se mantiene entre los seis países de América Latina que mantiene una prohibición total del aborto junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.
