Santo Domingo. – Entre los ingresos reportados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre en su declaración de Impuestos sobre la Renta (ITBIS) y los estados financieros de la institución hay una diferencia de más de cuatro mil millones de pesos.
Así se establece en el informe de auditoría interna realizado por la Contraloría General de la República en la que se da cuenta, además, de que la institución no realizó la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci), que hay diferencia entre la asignación y la ejecución presupuestarias y que el Fideicomiso de Movilidad y Transporte no cuenta con una Unidad de Auditoría Interna ni un Comité de Compras y Contrataciones.
En tanto que en la investigación practicada al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) se establece que incurrió en fraccionamiento de compras por 100 millones de pesos entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de mayo del 2022, además de tener una nómina de empleados por 1.4 millones de pesos, correspondiente a 39 servidores públicos de los cuales no existe evidencia de que asistían a su puesto de trabajo a desempeñar sus funciones.
Lo que encontró en Intrant
La contraloría encontró que el Intrant incurre en violación al Código Tributario al tener inconsistencias entre los ingresos reportados en las declaraciones del ITBIS (IT-1) en comparación con los Estados Financieros por RD$4,607,968,415.
También destaca que hay diferencias de RD$3,045,975,675 entre el presupuesto asignado y lo ejecutado y que no se identificó documentación sobre comparaciones de las metas físicas y financieras versus los presupuestados, así como las justificaciones de las desviaciones ocurridas.
Los ingresos por licencia no son registrados sobre la base contable de devengo por lo que existe una diferencia de RD$174,002,105, entre los ingresos recibidos en las cuentas bancarias con los ingresos presentados en los Estados Financieros.
“Existen cuentas por cobrar por un valor ascendente a RD$1,154,975,079 asumidas por el Intrant al momento de la creación de la institución, las cuales se encuentran con una antigüedad superior a 24 meses y que a su vez no poseen un gasto por cuentas de dudoso cobro”, dice la auditoría respecto al período comprendido entre el septiembre 2020 y mayo 2022.
Refiere que existen fraccionamientos en compras por comparación de precios y compras por debajo del umbral, ascendentes a RD$2,024,358 y RD$533,804, respectivamente, los cuales exceden los umbrales determinados anualmente por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
El documento señala que cincuenta (50) de ochenta y cinco (85) expedientes de compras por un monto de RD$ 51,359,938, no fueron considerados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) y que se adjudicaron procesos sin verificar solvencia económica. Nueve (9) procesos adjudicados por RD$45,913,835, no poseían Estados Financieros ni declaración de impuesto.
“La institución posee departamentos y secciones en su nómina los cuales no fueron aprobados por el Ministerio de Administración Pública (MAP), devengando estos sueldos brutos mensuales por RD$494,917”, señala el órgano de control interno.
Además de no tener un departamento de auditoría, el Fideicomiso de Movilidad no cuenta con políticas o procedimientos, en incumplimiento de artículo no. 18, literal a y b al Contrato Constitutivo.
