Por: Joel Suriel. – El coordinador de la Comisión para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró este lunes que con la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a la institución del orden, no se pretende perseguir a nadie, sino establecer los mecanismos de control en la institución.
Castaños Guzmán aseguró que el objetivo del proceso es auditar los procedimientos de los controles internos de la Policía Nacional.
El también vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) reveló que en esta semana se hará pública la auditoría, la cual es diferente a la que se publicó en la semana pasada sobre irregularidades en la Policía Nacional.
“Lo primero es que esa auditoría la mandó a hacer el grupo de trabajo, lo segundo es que el presidente de la Cámara de Cuentas me comunicó que en esta semana se va a hacer pública esa auditoría, en tercer lugar el objeto de esa auditoría es para auditar los procedimientos de los controles internos, esa no es una auditoría que pretende perseguir a nadie, ese no es el objeto ni la misión de esta comisión”, indicó el vicepresidente de Finjus.
Dijo que esperarán a la auditoría para ver cuáles son las recomendaciones que se harán con la finalidad de profesionalizar, tecnificar y reformar a la Policía Nacional, institución que ha estado envuelta en varios escándalos de uso de la fuerza de manera desproporcionada.
“El presidente no puede dar detalles de esa auditoría porque no la conoce, porque quien la va a dar es la Cámara de Cuenta, que dicho sea de paso es el rector del sistema nacional de control y es un órgano extrapoder, ya veremos cuáles son las recomendaciones que se harán para que desde el punto de vista de la gerencia nuestra policía sea mejor”, señaló durante la entrega del informe final al presidente Luis Abinader de los trabajos de la Comisión que coordina.
Este lunes fue entregado el informe final de la Comisión designada por Abinader para transformar y reformar la Policía Nacional, en el que se hicieron varias recomendaciones a las autoridades, como mejorar la reestructuración de las compensaciones salariales, el centralismo excesivo de la actuación policial y la histórica insuficiencia de recursos.
Este equipo, juramentado en abril de este año, tenía el plazo de un año para cumplir los objetivos planteados en el decreto 211-21 que los conformó, entre ellos formular recomendaciones para alcanzar un régimen de sanciones adecuado a los miembros de la Policía Nacional que incurran en faltas, siguiendo siempre el debido proceso.
