A inicios del 2020, luego de ser declarado el primer Estado de Emergencia debido a la crisis provocada por el Covid-19, el Poder Judicial se vio en la necesidad de estructurar un protocolo para la continuidad del servicio judicial, que finalmente terminó en la Resolución 007-2020, documento en el que se ha amparado la Suprema Corte de Justicia y todo el Poder Judicial para implementar las audiencias virtuales y desarrollar herramientas TIC en su atención a los usuarios.
Luego de una acción directa en inconstitucionalidad contra esta resolución 007-2020 del Consejo de Poder Judicial, el Tribunal Constitucional mediante sentencia TC/286/21 consideroì necesaria la existencia de una legislación, procedente del órgano competente, que regule la existencia y el uso de medios digitales en los tribunales del Poder Judicial y otorgoì un plazo de tres meses, contados a partir de la publicación íntegra de la mencionada sentencia, siendo el próximo 14 de diciembre del año en curso la fecha en la que entra en vigencia esta disposición, con el objetivo de que exista un marco legal adecuado.
Cumpliendo con el mandato de la sentencia TC/286/21, el pasado 12 de octubre, la Suprema Corte de Justicia haciendo uso de su facultad legislativa, depositó el proyecto de Ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial. Esta iniciativa del Poder Judicial busca más que simplemente regular las audiencias virtuales, tiene como fin establecer los lineamientos que permitan el uso de los medios digitales en el sistema judicial, incorporando principios de celeridad, opcionalidad y estandarización de los servicios brindados por el Poder Judicial.
Cuando hacemos énfasis en que el proyecto va más allá de las audiencias virtuales, es una realidad, esta pieza legislativa procura establecer un procedimiento institucionalizado para que los usuarios de servicios judiciales puedan de manera virtual, realizar solicitudes, someter asuntos y dar acceso a toda la información relacionada con procesos, procedimientos, sentencias públicas, roles de audiencias y todo tipo de documentos que tengan carácter público.
El proyecto de Ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial establece un conjunto de herramientas que facilitan los trámites judiciales, además de que, en lo concerniente a las audiencias virtuales, en ninguna parte del proyecto se establece la obligatoriedad de esta modalidad digital de foro judicial, estableciendo que, para la materialización de estas, todas las partes deben manifestar su voluntad.
Esta normativa llegará al ordenamiento jurídico dominicano y específicamente al sistema judicial para proporcionar accesibilidad a personas con capacidades especiales; disminuir los costos para todos los actores involucrados entre los que se incluyen los abogados; su impacto ambientalmente sostenible con la reducción de traslados a tribunales; y, la eficientización del capital humano a lo interno del Poder Judicial. A la vez, es un paso de avance en cuanto a institucionalidad se refiere, estableciendo mecanismos de trazabilidad y garantes de transparencia en el marco del ejercicio judicial.
Como jóvenes empresarios entendemos la importancia que tiene la digitalización para la transformación no solo del Poder Judicial sino de todo el Estado. Reconocemos que la transparencia, trazabilidad y acceso que brindan los medios digitales es garantía del fortalecimiento institucional y en consecuencia aporta a la estabilidad del clima de negocios y el ecosistema empresarial dominicano.
