La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, ordenó este martes el cese de la prisión preventiva a los imputados del caso de presunta corrupción Coral, Adán Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán y a su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán.
Al general Cáceres y al coronel Núñez de Aza le impuso una garantía económica de 100 millones de pesos. En tanto que a la pastora y a su hijo, la garantía fue de 50 millones de pesos.
A todos se le varió la medida de coerción por impedimento de salida, prisión domiciliaria y grilletes electrónicos.
Pepca y abogados del Estado se oponen
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), pidió al tribunal rechazar el cese de la prisión preventiva a los imputados para asegurar su presencia en el proceso y para que no obstruyan la investigación en el caso.
También José Alberto Ortiz, abogado del Estado, dijo que Adán Cáceres y Núñez de Aza, por ser altos oficiales activos podrían «poner en peligro la integridad» y el testimonio de 300 testigos del proceso.
Camacho y Ortiz argumentan que los plazos deben ser razonables para cada caso como, según afirman, ya lo han establecido algunos fallos y no una cuestión matemática.
Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
De acuerdo con el Ministerio Público, el alegado entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que presuntamente el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El Ministerio Público dijo que ha establecido, en el transcurso del proceso judicial, que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.
