Distrito Nacional.- La jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó al Ministerio Público para obtener información financiera de los exfuncionarios Donald Guerrero, Simón Lizardo, Luis Reyes, Emilio Rivas, Claudio Valdez, Omar de Jesús, entre otros.
La estructura investigada está conformada por 183 personas físicas y 26 empresas relacionadas en un entramado que dice el Ministerio Público realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer recursos del erario público.
La petición hecha por el titular de la Pepca, Wilson Camacho, y aprobada por la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, es para dar curso a la investigación de supuestas maniobras fraudulentas que habrían sido ejecutadas por los imputados y que, de acuerdo al informe, logró estafar con una cuantiosa suma al Estado.
“En el levantamiento realizado por la Contraloría fueron identificados múltiples libramientos de pagos fraudulentos a terceros, bajo la modalidad de supuesta deuda pública, por concepto de expropiación de terrenos, por la suma de Catorce mil cien millones de pesos dominicanos (RD$14,100,000,000.00) por acuerdos transaccionales, de los cuales indica el informe dominicanos (RDS14,100,000,000.00) por acuerdos transaccionales, de los cuales indica el informe que/se pagaron la suma de doce mil quinientos cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil trecientos treinta y nueve pesos con 27/100 (RDS12,540,449,339.27), en un periodo de seis meses, comprendido entre enero a julio del año dos mil veinte (2020)”, señala el documento.
Añade que durante la investigación “hemos determinado que la afectación al patrimonio público es muy superior al indicado en el informe de Investigación Especial presentado por la Contraloría General de la República (CGRD y que no solo han utilizado la modalidad de expropiación de terrenos para lograr que el Estado erogue fondos a favor de la estructura de corrupción, sino que es un entramado de corrupción que utiliza distintas modalidades para lograr burlar los controles normativos y obtener los recursos económicos deseados”.
Modus operandi
Según la investigación, el imputado Donald Guerrero Ortiz creó una estructura gubernamental con la participación de los funcionarios Emilio César Rivas Rodríguez (fallecido), quien fue titular de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, pasado director Nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mecabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mezquita, administrador del Banco de Reservas, y Luis Baldemiro Reyes Santos, Director General de Presupuesto.
Asimismo, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Contralor General de la República, Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios de instituciones públicas que se encuentran en subordinados al Ministerio de Hacienda.
De igual manera, continúa diciendo el informe, se identificaron empleados de esas instituciones “que tuvieron participación en los hechos, tal es el caso de Hortensia Arelis Santiago M., analista de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda; Belkiz Tejada Ramírez, Directora Jurídica de la Dirección General de Bienes Nacionales, quien a la vez era responsable de registro y análisis, y Rolando Méndez Morillo, agrimensor de Deuda Administrativa;
También, Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, quien desempeñó funciones de agrimensor de Deuda Pública, siendo oficialmente el Coordinador del Plan Nacional de Titulación de la Dirección General de Bienes Nacionales, y quien en la actualidad se desempeña como asesor de Bienes Nacionales: Rafael Geraldo Collado Ventura, agrimensor de Bienes Nacionales: María Altagracia de la Rosa Hidalgo, encargada de auditoría interna de la Contraloría General de la República y Primo Jiménez Toribio, auditor Contraloría General de la Repúblico”, entre otros.
