La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) implora a la procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, para que inicie de inmediato una investigación que permita conocer el costo real de Punta Catalina, que permita conocer su manejo financiero desde el inicio de sus operaciones.
En un comunicado de prensa, Adocco precisó que lo más importante es identificar su valor actual de mercado, lo que no ha sido posible conocer por la opacidad de los miembros de la comisión de liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), designada por el presidente de la República, Luis Abinader.
“Estamos totalmente de acuerdo con el presidente Luis Abinader, al referirse en Madrid, España, mientras participaba de la Fitur 2022, al manifestar “¿Y por qué ellos están tan preocupados?”, apuntó Julio César de la Rosa Tiburcio.
Sostuvo que con el contrato de fideicomiso de la planta Punta Catalina no se está vendiendo la central termoeléctrica al sector privado, sino que se está cediendo, lo que sería peor, “tenemos el derecho de pensar que el fin ulterior es que el sector privado, que siempre ha querido tener esta termoeléctrica, concluya con ello, es verdad que no se está vendiendo, se está haciendo algo peor que es cediendo, transfiriendo sin ellos haber transferido un peso”, sostuvo.
Manifestó que la privatización de Punta Catalina entraría por la figura del fideicomitente adherente que tiene el contrato que está en el Congreso y fue aprobado en dos lecturas en la Cámara de Diputados.
“Ese fideicomitente adherente va a entrar ya en ejecución el fideicomiso, lo que significa que podrá hacer aportes el contrato no establece tope, pudiera incluso superar el valor de la central porque una de las fallas que tiene el fideicomiso también es que se ha establecido un valor de la central en 2,350 millones de dólares”, expuso.
Señaló que de ser aprobado este contrato no valdrá ninguna auditoría de costo que se pueda realizar e indique que la central termoeléctrica tiene un valor distinto a 2,350 millones de dólares, como establece el contrato, explicó que el fideicomiso tiene una serie de condiciones en donde la fiduciaria, que en esta caso es del Banco de Reservas, va a cobrar un porcentaje por ser depositaria, lo que es correcto, mas cree no beneficia a los dominicanos.
“En este contrato de fideicomiso puede cambiar de fiduciaria, entonces puede empezar con la del Estado, pero puede terminar con otra, no es beneficioso que la fiduciaria, sea del Estado o de cualquiera, sea receptora de un porcentaje de lo que administra cuando Punta Catalina se puede administrar por sí sola”, la falta de transparencia en ese contrato se da a relucir cuando se ve que el contrato establece que el fideicomiso se someterá al secreto fiduciario, donde “nadie puede requerir informaciones”. Concluyó.
