El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), doctor Julio César de la Rosa, advirtió que la Operación Calamar implica a unas 50 personas y hasta ahora el Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción en contra de 20 imputados en la presunta sustracción de más de RD$19,000 millones al Estado dominicano.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, dio su voto de confianza al Ministerio Público e instó a que siga realizando su labor en contra de la corrupción en la administración pública.
“Cuando anunciamos en el mes de febrero que ya las órdenes de allanamientos se estaban gestando, nosotros esperábamos que fuera por el orden de las 50 personas, sin embargo, cuando se da el anuncio vemos que solamente hay 20 personas a los que se les solicita medidas de coerción, pero el expediente tiene otras personas a las que no se les solicitó medidas de coerción”, subrayó.
Indicó que otros llamados a investigación por presunta participación no han sido mencionados en el expediente, por lo que el Ministerio Público debe dar a conocer en qué consistieron las negociaciones con esas personas.
También debe establecerse si entregaron dinero en efectivo, bienes o hicieron promesas en el marco de la admisión de su participación de los hechos establecidos en su contra.
“Como también, si en el expediente aparece la denominada Casita, que era la receptora de los recursos desde donde salían entonces para entregarlos a las campañas políticas, también debe establecerse el propietario de La Casita, que, aunque uno intuye de quien se trata, pero no se han dado nombres y como no se tiene un título para establecer la propiedad jurídica de esa Casita, nosotros hacemos reserva del mismo”, acotó.
Asimismo, De la Rosa solicitó abrir nuevos casos de alegada corrupción donde haya actores de la pasada y la presente gestión gubernamental.
Manifestó que quienes hayan admitido su participación en presuntos actos de corrupción no pueden quedar fuera de una sanción penal por parte de la justicia.
Observó que no se han solicitado medidas de coerción contra personas que han sido señaladas en el caso Calamar y cuyos nombres figuran en el expediente y que de no ocurrir, ADOCCO accionará al respecto.
Consideró que, si el Ministerio Público va a actuar con alguna flexibilidad con algún imputado que ha admitido los hechos y colaborado con un expediente, la decisión debe ser parte de un acuerdo que deje sentada la posición del persecutor, que nunca debe ser una exoneración de responsabilidad per se.
“Sino que va a solicitar una pena benigna, en un proceso penal abreviado, que va a liberar una serie de plazos que contempla la normativa y en esa medida entonces va a solicitar la imposición de una pena que puede perfectamente prisión domiciliaria o suspensión de la pena que se le haya impuesto al encartado”, acotó.
El catedrático y vocero de la organización de la sociedad civil afirmó que en el caso Calamar falta gente de las que admitieron haber participado del entramado, que hasta el momento no han sido procesados.
“Por ello reiteramos, aguardamos por el Calamar 2.0 que los incluya a ellos, pero además a muchos que fueron interrogados, investigados y que el Ministerio Público obtuvo informaciones de su participación y que no han sido ni siquiera mencionados”, acotó.
De la Rosa manifestó que hay casos que ACOCCO esperaba que se estuviera ventilando, de funcionarios que al momento solo han sido denunciados, pero no han sido procesados.
“Actualmente estamos acudiendo a un proceso de reencauzamiento de la lucha contra la corrupción, que se inicia con la designación de un Ministerio Público, cuyos actores no provenían del partido de gobierno como solía ocurrir en el pasado”, adujo.
El dirigente de la sociedad civil entiende que esto da un matiz agridulce a la lucha contra la corrupción, por lo que espera que hay casos 2.0 en los expedientes que se están ventilando actualmente.
“Es precisamente porque solamente hemos visto desfilar a los políticos, de la anterior gestión y los que se han procesado de esta han sido mínimas las acciones respecto a ellos”, agregó.
Consideró que un caso 2.0 debe incluir a empresarios presuntamente vinculados con entramados de corrupción en la administración pública, que son mencionados y admitieron su participación en los hechos.
Advirtió que el Código Procesal Penal faculta a ADOCCO a actuar en nombre de la sociedad con un sometimiento a quienes resulten involucrados en actos de corrupción.
“El Código Procesal Penal nos da la facultad a nosotros de accionar en representación de la sociedad y querellarnos contra todos aquellos que el Ministerio Público, como resultado de una negociación, de una colaboración haya dejado fuera de ese expediente”, significó.
Planteó que la acción busca evitar que esto sirva de caldo de cultivo para las futuras generaciones, “de que puedo robarle al Estado, colaboro con el Ministerio Público, me quedo con parte de lo que me robé, de lo que recibí y voy a vivir mi vida tranquila con la parte que me quedó”, argumentó.
