Por: Wander Santana
El Ministerio Público terminó en diciembre de 2021 la investigación de la Operación Antipulpo, en la que concluyó que Juan Alexis Medina Sánchez se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina y creó un entramado para sustraer fondos del Estado, no obstante, el proceso judicial se ha estancado en los tribunales.
Los investigadores depositaron el complejo expediente en diciembre, y la primera de las audiencias preliminares fue fijada para el 7 de febrero. Desde esa fecha se han acordado al menos cinco audiencias en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que no se ha logrado avanzar.
En esta etapa del proceso le corresponde al juez Deiby Timoteo Peguero examinar el relato de los hechos presentado por el Ministerio Público y las pruebas presentadas para sustentar su investigación. Además debe revisar la legalidad de las pruebas a descargo aportadas por los imputados para luego decidir si el caso es enviado a un juicio de fondo o no.
Esta preliminar no se ha iniciado por varias situaciones ocurridas en las audiencias anteriores. Algunas de las partes han alegado que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), no les ha notificado toda la documentación; algunos imputados se han ausentado por cuestiones médicas y algunos abogados nuevos entraron al proceso y pidieron tiempo para tomar conocimiento del asunto.
Hoy lunes, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito tiene fijada una audiencia para las 10:00 de la mañana a fin de poder arrancar la preliminar.
La acusación y los acusados
El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de ser el principal imputado de un supuesto entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos de los contribuyentes.
En el caso además está involucrada Carmen Magalys Medina Sánchez, quien, según el Ministerio Público, también aprovechó sus lazos familiares y su posición de vicepresidenta del Fonper para delinquir dentro del entramado de corrupción del que fungió como gerente operativo su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.
Además está acusado Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de esa unidad estatal.
La acusación también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, que era ministro de Salud Pública; al excontralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation SRL, Domedical Supply SRL, Fuel América Inc. Dominicana SRL y Globus Electrical SRL entre otras.
