SANTO DOMINGO.- Transparencia Internacional considera que “la corrupción es mayor en la construcción que en cualquier otro sector de la economía”. Según Financial Times, este sector mueve en el mundo US$8 mil millones que crecerán hasta los US$15 mil millones en 2025.
En República Dominicana, el suicidio del arquitecto David Rodríguez García en un baño de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) ha puesto a la entidad en la mira de la opinión pública, esta vez por los retrasos en los pagos de las cubicaciones a los contratistas que han servido de oportunidad para que florezca una supuesta mafia, que los presiona a coger préstamos a altas tasas de interés para cumplir con sus compromisos en el tiempo que establecen los contratos, bajo el chantaje de quitárselas si no cumplen con los plazos, como han denunciado fuentes del sector tras el hecho.
Pero los escándalos de corrupción no son nuevos en la controvertida OISOE.
La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) fue creada por el expresidente Joaquín Balaguer, mediante el decreto 590-87, del 25 de noviembre de 1987, para “supervisar la construcción de proyectos de infraestructura para beneficio de las comunidades, tales como: construcción, remodelación, reparación y cubicaciones de pagos de obras realizadas por el Estado”.
Un año antes, Balaguer había creado la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado para “coordinar y fiscalizar la construcción de obras” del gobierno por la construcción del Faro a Colón. Las responsabilidades de esta entidad fueron asignadas a la OISOE, mediante el decreto 446-00 del 16 de agosto del año 2000.
Según su portal web, el Presupuesto General del Estado de 2015 asignó RD$7,843,193,999 a la OISOE. Hoy, retrasos en los pagos y en la entrega de obras, denuncias por sobrevaloración y directores protagonistas de casos de corrupción forman parte del historial de esta oficina, que comparte las funciones de construcción de las obras del Estado con el Ministerio de Obras Públicas.
Miguel Pimentel Kareh y el Banco Peravia
Miguel Pimentel Kareh, director de la OISOE desde el inicio del gobierno de Danilo Medina, fue destituido a inicios de agosto de 2015. Éste ha sido acusado de dirigir una mafia en la entidad, relacionada con el quebrado Banco Peravia.
Según las declaraciones de Jenny García Polanco, asistente de José Luis Santoro, presidente del Banco Peravia, Pimentel Kareh y el ejecutivo del Banco habrían acordado que la mayoría de las obras de la OISOE utilizarían a la Unión de Seguros (aseguradora del referido banco) para el pago de la fianza, con la condición de entregar la mitad del valor a Débora Pimentel, hija de Pimentel Kareh, y a Vilma Mejía, pareja del funcionario.
Sobrevaloración del Darío
En 2013 comenzó la remodelación del hospital Darío Contreras, tras una visita sorpresa del presidente Danilo Medina. Mientras el presupuesto inicial era de RD$886 millones, la remodelación terminó en febrero de 2015 a un costo de RD$1,500 millones.
En mayo pasado, Miguel Pimentel Kareh negó que las obras de remodelación del centro asistencial hubieran sido sobrevaloradas. En julio, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Agrimensores y Arquitectos (CODIA) aseguró en un informe que la inversión se correspondía con los equipos instalados y la obra ejecutada.
Los retrasos
En noviembre de 2012, unos tres meses después de que Danilo Medina asumiera la Presidencia, el gobierno dominicano creó el Programa Nacional de Edificaciones Escolares, mediante el decreto número 625-12, con el que se pretendía construir 28 mil aulas en todo el país durante la gestión.
Poco después de realizarse el primer sorteo, a inicios de diciembre de 2012, el entonces director de la OISOE -entidad a cargo del 40% de las obras que se realizarían-, Miguel Pimentel Kareh, afirmó que los pagos de las cubicaciones de la construcción de escuelas se harían de manera puntual.
El suicidio del arquitecto David Rodríguez García ha destapado el incumplimiento.
Luis Wilfredo Sifres, quien en 2010 sustituyó en el cargo de director de la OISOE al actual senador por San Juan, Félix Bautista, decía en julio de 2012 que antes de que terminara el gobierno de Leonel Fernández saldarían la deuda con los contratistas, luego de que los de centros regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunciaran protestas por retrasos de más de un año en el pago de “cientos de millones de pesos”. Para ello, decía entonces el funcionario, el Presupuesto Complementario había asignado RD$4,600 millones.
Félix Bautista
El actual senador por San Juan fue designado como subdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado en 1996, y seis meses después (febrero 2007), fue ascendido a director hasta agosto de 2000, cuando Hipólito Mejía llegó al Palacio Nacional.
Entonces Bautista fue acusado de sobrevaluar en unos RD$50 millones en la construcción de la carretera San Juan-Vallejuelo.
Aunque posteriormente fue descargado de la acusación, estuvo recluido en la cárcel de Najayo, desde el 20 de noviembre del 2000 hasta el 23 de abril de 2001.
En agosto de 2004, con el regreso al poder de Leonel Fernández, Félix Bautista volvió a dirigir la OISOE, con rango de Secretario de Estado, hasta 2010, cuando dejó el cargo para ocupar una curul en el Congreso.
A finales de agosto de 2007, Diario Libre publicó varias informaciones reflejando lo accidentado del paso del actual senador por la OISOE por “las constantes presiones de ingenieros por las deudas del Gobierno, que llegaron a superar los 4 mil millones de pesos. Sus detractores le pusieron el mote de “Félix Picazo”, aludiendo a su supuesta inclinación a inaugurar obras que no necesariamente eran concluidas. También enfrentó el cuestionamiento del CODIA, que lo acusó de sobrevaluación en la reparación de calles de San Pedro de Macorís, por lo cual se le despojó de su exequátur”.
Fue en la gestión de Félix Bautista en la OISOE cuando Mary Peláez, quien estuvo en prisión por su vinculación con el capo puertorriqueño José Figueroa Agosto, y su hermana Dolphy ganaron un concurso para equipar la Iglesia de Piedra Blanca y suplir una parte de los muebles de la UASD en Bonao, por un monto de RD$16 millones.
Todavía el Ministerio Público batalla en los tribunales acusando a Félix Bautista de corrupción durante sus gestiones en la OISOE.
El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, ha dicho que tras su designación, Bautista desarrolló una compleja red societaria e ingeniería financiera “para ocultar y disfrazar un ostentoso patrimonio, que ha sido colocado y encubierto, en parte, en la economía dominicana, mediante la apertura de millonarias cuentas bancarias, así como a través de la adquisición y desarrollo de suntuosos bienes muebles e inmuebles”.
Según el Ministerio Público, la razón social Inmobiliaria Rofi, S.R.L es una de las más de 40 empresas alegadamente utilizadas por Bautista, “de manera directa para darse una plataforma que le permita ocultar y disfrazar un ostentoso patrimonio de dudosa procedencia, obtenido mientras se desempeñaba como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)”.
Licitaciones
Aunque en 2006 se aprobó la Ley de Compras y Contrataciones, la 340-06, en junio de 2008, el CoODIA denunciaba que “la mayoría” de las instituciones seguían entregando obras “grado a grado”, y aún en enero de 2009, el Colegio seguía denunciando la entrega de obras sin licitar, aunque la OISOE sí lo hacía. Entonces, tanto el entonces secretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, como la directora del Instituto Nacional de la Vivienda, Alma Fernández, defendían la concesión de obras grado a grado a pesar de que la ley lo prohibía. En junio de 2011 seguían los escándalos por contratos sin concurso, como el que otorgó el Poder Ejecutivo para la rehabilitación de la Carretera Internacional en el tramo de Pedernales a Hondo Valle (Elías Piña), autorización que instruía al director de la OISOE a firmar el contrato con el Consorcio Carretera Internacional. Este consorcio estaba representado en el contrato por Andrés & Camila Materiales y Construcciones, una compañía por acciones representada por el ingeniero Lorenzo Antonio Cruz Suriel y por la constructora brasileña Andrade Gutiérrez, empresa envuelta en el caso de corrupción de Petrobras en Brasil y cuyo presidente fue apresado en junio. El Poder Ejecutivo dejó sin efecto el acuerdo a fines de junio de 2012.
Fuente Diario Libre
