Santo Domingo. – Fábrica Cartesa rechazó las irregularidades atribuidas a sus operaciones y cuestionó el procedimiento utilizado por las autoridades para clausurar sus instalaciones en San Antonio de Guerra.
La empresa respondió mediante un comunicado a la intervención realizada el 29 de octubre por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM).
Cartesa sostuvo que no funciona de manera clandestina y que está constituida como una sociedad de inversión mixta bajo las leyes dominicanas. Afirmó que posee Registro Mercantil, Registro Nacional de Contribuyentes y que mantiene al día sus obligaciones tributarias.
Los registros societarios y fiscales mencionados por la compañía acreditan su constitución formal. Sin embargo, las autoridades fundamentaron la clausura en la presunta ausencia de permisos operativos, de construcción y uso de suelo.
Empresa explica procedencia del combustible
Durante el operativo, el CECCOM ocupó un tanque con capacidad para 5,000 litros y retuvo 1,000 galones de gasoil. El MICM estimó el valor conjunto del combustible y los equipos en RD$2.25 millones.
Las autoridades calificaron el espacio como un depósito irregular que incumplía las disposiciones de la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos.
Cartesa rechazó esa versión y aseguró que el gasoil estaba destinado exclusivamente a su planta eléctrica y sus equipos industriales. La compañía negó que comercializara combustible o lo almacenara para otras personas.
Como respaldo de su posición, indicó que mantiene desde octubre de 2025 un contrato de suministro con Dominican Energy and Services, S. A.
Cartesa cuestiona el procedimiento de clausura
La empresa afirmó que la intervención se efectuó sin una orden judicial y sin representantes del Ministerio Público. Según su relato, un teniente coronel del CECCOM visitó las instalaciones durante la mañana del 29 de octubre, pero no presentó una identificación formal.
Cartesa señaló que el oficial regresó esa tarde acompañado de personal de Migración, del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) y de medios de comunicación.
La compañía alegó que las autoridades retiraron el tanque y el combustible sin entregarle un acta que justificara la medida. Esa versión no ha sido confirmada por las instituciones que participaron en el procedimiento.
Sobre los permisos pendientes, Cartesa indicó que tenía previsto completar parte de la documentación a las 9:00 de la mañana del 30 de octubre. También afirmó que no había recibido una comunicación formal rechazando las solicitudes presentadas.
El informe divulgado por el MICM sostiene que la fábrica carecía del certificado de uso de suelo y de otras autorizaciones necesarias. El Mivhed paralizó las obras por presuntas infracciones a la Ley 687-82 sobre construcción y edificaciones.
Niega contratación migratoria irregular
Cartesa también rechazó los cuestionamientos relacionados con trabajadores extranjeros. Afirmó que los cuatro ciudadanos chinos presentes durante el operativo contaban con visados vigentes hasta 2027.
La Dirección General de Migración participó en la inspección para verificar la condición migratoria y laboral de los extranjeros. Hasta el momento, no se ha divulgado un informe detallado con el resultado de esas verificaciones.
Alega presiones de empresas competidoras
En otro punto del comunicado, Cartesa atribuyó las acciones en su contra a intereses de empresas competidoras dentro del mercado de cartón.
La compañía aseguró que desde agosto varios drones sobrevuelan sus instalaciones y afirmó que posee grabaciones de esas incursiones. También dijo conocer a cuatro fabricantes que supuestamente buscan impedir su entrada al mercado, pero no reveló sus nombres.
Cartesa no presentó públicamente evidencias que permitan establecer una relación entre esas empresas, los drones denunciados y el operativo gubernamental. Sus señalamientos permanecen como alegaciones de la compañía.
Clausura provoca intercambio diplomático
El caso adquirió una dimensión diplomática después de que representantes de Estados Unidos respaldaran la actuación de las autoridades dominicanas.
La Embajada de China rechazó ese pronunciamiento y advirtió contra el uso de un caso particular para estigmatizar a los inversionistas de esa nacionalidad. También sostuvo que la aplicación de las leyes dominicanas constituye un asunto interno del país.
Cartesa concluyó que está dispuesta a completar los procesos requeridos y defender su inversión. La empresa también reclamó condiciones de libre competencia dentro del mercado cartonero dominicano.
