Santo Domingo. – La consultora en mipymes y auditora forense Elizabeth Berigüete denunció supuestas irregularidades dentro de los procesos utilizados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para contratar suplidores del almuerzo escolar.
Durante una entrevista en el programa Panorama de la Mañana, transmitido por 96.9 FM, Berigüete afirmó que trabaja junto a varios especialistas en una investigación técnica sobre las adjudicaciones.
El estudio toma como referencia los expedientes de 45 proveedores de distintas provincias que aseguran haber resultado afectados. Los señalamientos permanecen bajo investigación y deberán ser sustentados ante las autoridades correspondientes.
Denuncia pedidos de hasta RD$2 millones
Berigüete sostuvo que intermediarios relacionados con la fase de inspección habrían solicitado pagos de hasta RD$2 millones a algunos suplidores para garantizar la puntuación necesaria.
Según explicó, las exigencias se producían días antes de las visitas a las cocinas. Quienes rechazaban el supuesto pago recibían actas con múltiples incumplimientos que conducían a su descalificación, aseguró.
La auditora dijo contar con testimonios notariados y otras evidencias que serían incorporadas al informe final.
También indicó que visitó cocinas rechazadas junto a un notario y especialistas en inocuidad alimentaria. De acuerdo con su versión, algunas instalaciones cumplían las condiciones exigidas pese a las faltas registradas por los evaluadores.
Estas afirmaciones corresponden a la investigación encabezada por Berigüete y todavía no constituyen conclusiones de un tribunal ni de un organismo oficial de control.
Cuestiona la redacción de los pliegos
La especialista situó parte del problema en los pliegos de condiciones. Cuestionó que documentos esenciales fueran clasificados como requisitos subsanables dentro del proceso.
Entre ellos mencionó el registro industrial, las certificaciones del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) y las fotografías utilizadas para comprobar las condiciones de las cocinas.
Berigüete también denunció la existencia de una presunta estructura de colusión en la que participarían funcionarios, evaluadores y empresarios que controlarían varias cocinas mediante operaciones coordinadas.
No identificó públicamente a las personas señaladas durante las declaraciones recogidas.
Preparan acciones ante el Tribunal Superior Administrativo
La auditora informó que el informe forense podría estar concluido dentro de dos o tres meses. Posteriormente, el equipo contempla presentar sus hallazgos ante el Tribunal Superior Administrativo y organismos internacionales.
La investigación cuenta con el respaldo de Ramón Porfirio Báez, presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, según explicó Berigüete.
Como posibles soluciones, propuso reorganizar los equipos encargados de las evaluaciones, revisar los actos administrativos cuestionados y modificar los pliegos de condiciones.
También planteó que cualquier corrección se ejecute sin interrumpir el suministro de alimentos a los estudiantes.
