Santo Domingo. – La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) planteó que la implementación del nuevo Código Penal debe traducirse en mayor seguridad jurídica, institucionalidad y competencia leal.
En esa misma línea, exhortó al sector empresarial a prepararse ante las responsabilidades que introduce esa legislación, sobre todo en lo relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Dónde se hizo el planteamiento
Ese llamado surgió durante el Encuentro Industrial: Nuevo Código Penal, «Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad», organizado por esa entidad.
La actividad contó con la presencia de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, junto a representantes del sector industrial y empresarial.
Un cambio de calado
Al abrir el encuentro, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, sostuvo que la entrada en vigor de esa normativa constituye uno de los cambios institucionales más relevantes de los últimos años.
Con esa pieza queda atrás una legislación concebida hace más de un siglo, pensada para una sociedad, una economía y unas formas de relacionarse muy distintas a las actuales.
Brache señaló que las empresas se benefician cuando operan con reglas claras, dentro de un Estado de derecho que aplique la ley de manera previsible, proporcional y apegada al debido proceso.
«La seguridad jurídica es una condición fundamental para invertir, producir, generar empleos y competir», expresó.
El riesgo penal empresarial
El dirigente destacó que la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas abre una dimensión nueva en la gestión de las organizaciones.
Según explicó, las empresas ya manejan el cumplimiento regulatorio, tributario, laboral, ambiental, societario o financiero. Sin embargo, este marco eleva el peso de los deberes de organización, dirección, control y supervisión, además de exigir programas efectivos de cumplimiento.
«No basta con manuales, códigos o protocolos. Se requiere identificar riesgos, establecer controles, capacitar al personal, disponer de mecanismos de denuncia, investigar posibles irregularidades y documentar adecuadamente los procesos. En otras palabras, el cumplimiento debe hacerse parte fuerte de nuestra cultura empresarial», sostuvo.
Las preguntas del sector
Brache reconoció que un cambio de esa magnitud deja interrogantes abiertas dentro del aparato productivo.
Entre esas mencionó cómo se aplicará la responsabilidad penal de las empresas, qué se espera de sus órganos de dirección y cuáles serán los estándares razonables de cumplimiento.
También quedan por definir cómo se determinará que una organización estableció controles suficientes y de qué forma operará el régimen para las pequeñas y medianas empresas.
El pedido de diálogo
Para el presidente de la AIRD, esas dudas justifican la apertura de espacios de intercambio entre las autoridades y el sector productivo.
Ese acercamiento permitiría que las empresas conozcan sus responsabilidades y puedan prepararse a tiempo.
«Ese es el país que queremos seguir construyendo: con instituciones fuertes, empresas responsables, competencia leal y confianza para invertir y producir», afirmó.
El panel con la procuradora
Durante el encuentro se desarrolló un panel conducido por el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Mario Pujols.
En ese espacio, Reynoso respondió diversas inquietudes que planteó el sector industrial.
