Santo Domingo. – El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que las contrataciones de servicios de nutrición clínica y diálisis realizadas por el Servicio Nacional de Salud (SNS), por un monto superior a RD$13 mil millones, se sustentan en la modalidad legal de exclusividad y no en decisiones discrecionales.
El funcionario explicó que este tipo de procedimiento está contemplado en la Ley de Compras y Contrataciones y su reglamento, los cuales permiten mecanismos especiales cuando las características del bien o servicio limitan la cantidad de proveedores disponibles.
Según indicó, presentar estos procesos como actuaciones irregulares desconoce el marco jurídico vigente, ya que la exclusividad no implica ausencia de competencia, sino una adaptación a mercados altamente especializados con pocos oferentes.
Pimentel precisó que la normativa no exige que exista un solo suplidor para aplicar esta modalidad, sino que basta con que el servicio solo pueda ser prestado por un número reducido de empresas con capacidad técnica e infraestructura adecuada.
En ese contexto, señaló que áreas como la diálisis y la nutrición clínica requieren equipos, instalaciones y estándares regulatorios complejos, lo que restringe naturalmente la participación.
El titular de la entidad agregó que los datos disponibles muestran que, incluso en otros tipos de procesos, la cantidad de oferentes en estos sectores suele oscilar entre uno y cuatro participantes.
Procedimientos con publicidad y supervisión
La Dirección General de Contrataciones Públicas sostuvo que los procesos no se realizaron de forma cerrada, ya que incluyeron mecanismos de convocatoria pública para identificar posibles proveedores interesados.
Además, aclaró que dichas manifestaciones de interés tenían carácter informativo y no excluyente, por lo que ningún oferente quedaba descalificado por no participar en esa etapa.
Pimentel indicó que la institución también conoció recursos administrativos relacionados con estas contrataciones y concluyó, tras su análisis, que no se evidenciaron violaciones a los principios de transparencia ni restricciones indebidas a la competencia.
El funcionario subrayó que, en servicios críticos para la salud, el Estado debe garantizar continuidad y seguridad en la prestación, lo que justifica la aplicación de procedimientos especiales cuando la oferta del mercado es limitada.
Finalmente, la DGCP reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia en la gestión pública, al tiempo que destacó la importancia de que los debates sobre estos temas se sustenten en criterios técnicos y jurídicos precisos.
