Santo Domingo.– La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional programó para el martes 20 de enero, a las 9:00 de la mañana, la audiencia en la que serán conocidos los recursos de apelación interpuestos por Santiago Hazim y otros seis imputados en el expediente por presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La decisión fue adoptada luego de que el tribunal declarara admisibles las apelaciones sometidas por las defensas técnicas, encabezadas por los abogados Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito y Jaime Caonabo Terrero, quienes buscan revertir la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva impuesta en primera instancia.
Los recursos persiguen la revocación de la resolución emitida por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que dispuso el envío de los imputados a los centros penitenciarios de Las Parras y Najayo Mujeres, además de declarar el proceso como caso complejo.
Entre los detenidos figuran Santiago Hazim, exdirector de Senasa; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Para esa misma fecha, la Corte también conocerá el recurso presentado por el abogado Miguel Surún Hernández contra las medidas de coerción impuestas a Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes cumplen arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida del país y garantía económica.
De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura investigada habría operado entre los años 2020 y 2025, ocasionando un perjuicio superior a los RD$15,000 millones al sistema público de salud. Los imputados enfrentan cargos que incluyen asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, lavado de activos, falsificación de documentos y sobornos.
El órgano acusador reiteró que la investigación continúa abierta y que otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo escrutinio, por lo que no se descartan nuevos sometimientos conforme avancen las indagatorias.
